El Tribunal Constitucional suspende parte de la legislación de Galicia sobre costas

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender parcialmente la nueva legislación de Galicia en materia de costas, recurrida por el Gobierno por invadir supuestamente competencias estatales sobre la ordenación del litoral. En lo que es una primera iniciativa contra las decisiones de la Xunta en esta materia, la administración central ha impugnado dos artículos y una disposición transitoria de la ley de acompañamiento a los presupuestos, aprobada este año por el Parlamento gallego. Esta primera impugnación es la que este martes ha admitido a trámite el órgano de garantías.

Lo que permitían los preceptos impugnados es que la comunidad autónoma aplique sus criterios y plazos para actuar contra las construcciones ilegales en el litoral, fijándolos en 15 años. El conflicto refleja el choque frontal entre el Gobierno y la Xunta en esta materia, ya que el Ejecutivo anunció el pasado 10 de octubre un segundo recurso sobre la misma legislación autonómica. El Gobierno defiende principalmente su competencia para actuar contra las construcciones ilegales.

La legislación autonómica ya había motivado la actuación de un juez de Pontevedra que cuestionó la constitucionalidad de los preceptos recurridos por el Gobierno, planteando al respecto sus dudas al órgano de garantías. Dicho magistrado argumentó para su consulta que “no es difícil deducir que dicha norma autonómica tiene como única finalidad la de beneficiar a quienes han infringido la Ley de Costas en la zona de servidumbre de protección del litoral gallego, otorgándoles un privilegio singular frente a los que cometen la misma infracción en el resto del litoral español”.

Esta legislación se aprobó el pasado mes de julio, y responde al deseo de la Xunta de incrementar su capacidad de ordenar el litoral gallego considerando que la ley de Costas estatal no da respuesta a la problemática específica de la comunidad. El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido en diversas ocasiones la capacidad normativa de la Xunta, apoyándose en la mayoría absoluta de que goza el PP en el Parlamento autonómico.

El Gobierno, sin embargo, ha respondido con el mencionado anuncio de un nuevo recurso que cuestionará 31 artículos más de dicha normativa, tras consulta al Consejo de Estado. La Xunta, a su vez, se ha quejado de que el dictamen del Consejo de Estado no le ha sido entregado, por lo que argumenta que de momento ni siquiera ha podido defenderse de las tesis de la administración central. La Xunta subraya que, en cambio, el informe que elaboró el Consello Consultivo gallego sobre esta legislación avalaba su constitucionalidad.

Con su decisión de este martes, el Constitucional, a su vez, deja en suspenso “la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos” desde la fecha de presentación de la impugnación del Gobierno, el pasado 28 de septiembre. Dicha suspensión es preceptiva cuando lo solicita el Ejecutivo en un recurso de inconstitucionalidad. El órgano de garantías, aparte de aplicar esta suspensión automática —establecida en la propia Constitución— explica en su resolución que los preceptos impugnados “podrían vulnerar las competencias del Estado en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 132.2 de la Constitución) y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral (artículo. 149.1.23ª).