El juez prorroga otros seis meses la investigación sobre la gestión de Mónica Oltra en el caso de abusos de su expareja a una menor

El titular del juzgado número 15 de Valencia ha prorrogado el plazo para la investigación de la gestión de la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, y su departamento sobre un caso de abusos a una menor por el que fue condenado su exmarido. Con esta nueva prórroga, las pesquisas se pueden extender, al menos, hasta el 30 de abril de 2024 en unas diligencias que se abrieron en 2021 y en las que Oltra figura como imputada desde junio del 2022, fecha en la que presentó su dimisión.

La prórroga, que ha adelantado Las Provincias, era previsible ya que el actual plazo de investigación acababa el pasado 31 de octubre y dos de los imputados, el ex jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, y el exsubsecretario de la consejería de igualdad Francesc Gamero, que están citados para el 8 de noviembre. “No es posible culminar la investigación dentro del plazo (...) toda vez que quedan diligencias esenciales para la investigación de los hechos denunciados”, señala el auto.

Además de estos, entre el 9 y 23 de noviembre de 2023 y 13 de diciembre de 2023 han sido llamados a declarar seis testigos, entre los que se encuentra la víctima de los abusos.

El juez señala además que estas diligencias “pueden traer como consecuencia, al igual que las testificales acordadas, la práctica de diligencias derivadas de las mismas, por lo que resulta imprescindible la prórroga que se acuerda, sin perjuicio de que la instrucción pueda finalizarse mucho antes, si no se dieran las circunstancias anteriormente señaladas”.

La investigación del caso se ha centrado en tratar de averiguar si el departamento que presidía Oltra realizó una investigación paralela a la judicial sobre el caso de abusos para tratar de ocultarlo, según apuntaron las acusaciones. De momento, un informe remitido por la policía señala que solo existen correos electrónicos referentes al caso a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento abrió un expediente informativo tras conocer que había en curso una investigación judicial.

La policía analizó más de 48.000 correos electrónicos en los que no hallaron la existencia de directrices para influir en el caso.

En prórrogas anteriores, la exvicepresidenta ha recurrido la decisión del juez al entender que el objetivo de la acusación que representa la fundadora de Vox, Cristina Seguí, “no es en sí lo que se investigue” sino el propio aspecto temporal del proceso, “que con su dilación y su repercusión mediática justifica sus fines”.