48.000 correos electrónicos analizados en el caso del exmarido de Mónica Oltra, sin evidencias de ocultamiento

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia ha levantado el secreto del sumario de la segunda de las piezas separadas abiertas para investigar los correos electrónicos que pudieron intercambiar los colaboradores de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra en la Consejería de Igualdad sobre el caso de abusos sexuales a una menor de 14 años tutelada por el que fue condenado en 2019 a cinco años de prisión su exmarido, Luis R. Icardi. El juez investiga si existió un intento por parte de Oltra y su equipo de maniobrar para ocultar o minimizar el caso a raíz de una querella presentada por la asociación Gobierna-T, que preside la exdirigente de Vox Cristina Seguí. Tras su imputación por este caso, la líder de Compromís dimitió en junio de 2022.

La policía detalla en el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que “tres agentes han filtrado y analizado más de 48.000 correos electrónicos”. No hay constancia de que al menos en los correos analizados (hay 15 personas investigadas, entre funcionarios y cargos de confianza) se encuentren evidencias de confabulación o la existencia de directrices para influir presuntamente o elaborar un informe con el fin de desacreditar el testimonio de la víctima, después de la fecha del 4 de agosto en que Oltra se enteró del caso cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, según ha reiterado la exvicepresidenta, también en sede judicial. En la casilla correspondiente a los correos de Oltra, la policía indica “negativo, sin correos relacionados con la causa”, según ha podido comprobar este periódico.

Los especialistas del Grupo Técnico Operativo de la Policía Judicial detectaron 48 correos relacionados con la causa de la directora del centro privado, concertado con la Generalitat, donde tuvieron lugar los hechos. Son comunicaciones para abordar el asunto. Y también cinco correos del que fuera jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, pidiendo información sobre el caso.

Se incluye un correo de una técnico de la sección de Menores de la Conselleria dirigido a la directora del centro, de fecha de septiembre de 2017, donde le traslada que la abogada necesita entrevistarle a ella y a “Luis, el educador, por separado, por el tema de Maite” y le comenta que es “muy urgente” porque “las presiones de la DG son insistentes”.

El análisis de los correos electrónicos vendría a confirmar la versión que ha defendido Oltra sobre la ausencia de directrices. No obstante, la policía señala en el sumario que “resulta imposible determinar si existieron o no más correos aparte de aquellos que se han analizado y que fueran borrados en su momento o en los más de seis años que han transcurrido desde los hechos denunciados”.

El pasado junio se conoció el contenido de otra pieza separada sobre la que se había decretado el secreto del sumario. En el análisis de los correos anteriores al 4 de agosto, la policía no halló evidencias de que la exvicepresidenta tratara el tema de la menor abusada hasta que la Fiscalía les comunicó que había abierto diligencias. Así lo atestiguó la policía en un informe fechado el 10 de mayo y remitido al juzgado, en el que afirma que solo existen correos electrónicos referentes al caso a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento abrió un expediente informativo tras conocer que había en curso una investigación judicial.

Además, la Fiscalía ha rechazado la petición de la acusación de pedir la entrevista íntegra que Mónica Oltra concedió al programa Salvados, de La Sexta, por falta de relevancia. El Tribunal Supremo debe dictaminar sobre el recurso que presentó Icardi, exmarido de Oltra, sobre su condena.

La exvicepresidenta y su abogado habían solicitado el levantamiento del secreto del sumario de las piezas y han criticado la demora y la ampliación de la investigación. Además, Oltra, que se apartó de la vida política, y Compromís han denunciado en reiteradas ocasiones una persecución de la extrema derecha contra ella utilizando para ello la justicia (un caso de lawfare). A la acusación de Seguí se sumó la propia víctima, ya mayor de edad, representada por un conocido abogado y dirigente del partido ultra España 2000, José Luis Roberto.