Un juzgado de Valencia examinará la demanda de Per l’Horta que pide que se anule la reurbanización de la ZAL del puerto
El colectivo insiste en que el suelo ocupado por esta área logística continua siendo de especial protección agrícola
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valencia examinará la demanda del colectivo ciudadano Per l’Horta que solicita la declaración de nulidad de la reurbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) autorizada por el Ayuntamiento de València y la recepción de las obras del sector. El suelo ocupado por la ZAL continúa siendo de especial protección agrícola, tal y como han repetido en varias sentencias tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como el Tribunal Supremo, asegura el colectivo ciudadano.
La declaración de nulidad de esas actuaciones supondría la imposibilidad de ocupación de parcelas y de la construcción de naves en una zona que ha demostrado su inutilidad al haber estado desocupada por más de 20 años a pesar de que las expropiaciones y la expulsión del centenar de familias que cultivaban la huerta de la La Punta se llevaron a cabo aduciendo una supuesta urgencia en la ocupación.
La asociación Per l’Horta, en su condición de miembro de la plataforma Horta és Futur-No a la ZAL insiste en la validez de las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo en 25 de mayo de 2015, que anularon anteriores versiones del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.
Aquella operación supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola en plena producción y la expulsión de alrededor de un centenar de familias que residían en la pedanía de La Punta y cultivaban aquellos terrenos desde tiempo inmemorial.
Antonio Montiel, abogado y miembro del colectivo califica aquella actuación iniciada en tiempos de Rita Barberá de “inutil en tanto que esa zona logística jamás ha sido utilizada y de monumento al despilfarro que sirvió de pretexto para destruir con dinero público un paraje de huerta secular en plena producción”.
La enésima versión de aquel Plan, aprobada en 2018, fue nuevamente anulada por dos sentencias consecutivas del TSJCV dictadas en 31 de marzo y 6 de julio de 2022. Una circunstancia que llevó a Per l’Horta a instar en varias ocasiones al Ayuntamiento de Valencia a no admitir la ejecución de nuevas obras de reurbanización de la ZAL, deteriorada tras dos décadas de abandono por parte del Puerto de Valencia, para evitar un uso logístico que podría ser considerado ilegal a la luz de estas nuevas sentencias judiciales.
“Con un cúmulo de decisiones judiciales en contra, resulta inexplicable el empeño del Puerto de Valencia en proseguir con actuaciones en la ZAL que son contrarias al Plan General y que, de ejecutarse, podrían generar la obligación de indemnizar después a las empresas que se establecieran en un suelo que, sigue siendo no urbanizable y solo apto para uso agrícola”, afirma Montiel, miembro de la asociación recurrente, que añade que “el Ayuntamiento de València no debió núnca autorizar las obras ni recibir la urbanización para hacerse cargo de su limpieza, seguridad y mantenimiento”.
El colectivo ciudadano vincula estas actuaciones en la ZAL con el empecinamiento de la Autoridad Portuaria por imponer, mediante una política de hechos consumados, una macroampliación del Puerto de Valencia que también está recurrida ante los tribunales y que cuestionan numerosos expertos, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos organizados en torno a la Comissió Ciutat-Port.
El colectivo Per L’Horta se habría dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de València sin que este anulase la autorización de reurbanización. De hecho el ayuntamiento llegó a suscribir un acta de recepción de las obras que, a juicio de la entidad ciudadana, fue absolutamente irregular, lo que le ha llevado a presentar este nuevo recurso contencioso-administrativo con la intención de que la justicia acceda a su petición de nulidad de aquellas actuaciones municipales y paralice la instalación de cualquier actividad en el sector.
La reivindicación del colectivo es que los terrenos vacantes que integran la que califica de ZAL “fantasma” sean finalmente destinados a constituir un elemento de conexión verde entre el parque natural del río Túria y el parque natural de la Albufera, reforzando la función ambiental y patrimonial de estos enclaves, así como en defender un gran acuerdo entre las autoridades competentes y la sociedad civil para la recuperación para uso público de los terrenos expropiados en La Punta hace ya más de veinte años y que no han sido nunca usados para la finalidad industrial que justificó la violenta expulsión de sus vecinos y labradores.
La Generalitat recurrió en 2022 ante el Supremo la sentencia dictada por el TSJCV que anula el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. El tribunal valenciano estimó el recurso presentado por la Asociación de vecinos de La Punta La Unificadora y anuló la resolución de la Consejería de Vertebración del Territorio del 17 de diciembre de 2018 que disponía aprobar definitivamente el Plan Especial de la ZAL.
