El Gobierno valenciano tramita de urgencia la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones
El bipartito, de PP y Vox, tiene pendiente la renovación de 10 altos cargos del nuevo organigrama tras el cese del secretario autonómico de Emergencias y del director de Interior, que pidieron su relevo hace semanas
El Gobierno valenciano, dirigido por PP y Vox, ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99% sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que beneficiará con carácter retroactivo desde las pasadas elecciones autonómicas el 28 de mayo. Será una tramitación urgente, ha anunciado la portavoz y consejera de Hacienda, Rut Merino, en la comparecencia posterior al pleno de gobierno que se ha celebrado en esta ocasión en Castellón. El bipartito, de PP y Vox, nombra 14 nuevos altos cargos del nuevo organigrama de Gobierno y releva finalmente, tras la campaña de verano, al secretario autonómico de Emergencias y al director general de Interior del Botànic, que habían pedido el cese semanas antes.
La reducción impositiva fue el primer anuncio que lanzó el Consell presidido por Carlos Mazón (PP) y que representa un 1% de los ingresos a las arcas autonómicas, unos 350 millones de euros aproximadamente. La bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones aumenta hasta el 99% desde el 50%, de carácter general, en que estaba situado hasta ahora.
El Ejecutivo autonómico continua con la renovación de su nuevo organigrama de cargos públicos, un proceso que dura ya más de mes y medio, y cesa al secretario autonómico de Emergencias del anterior ejecutivo del Botànic, José María Ángel, y otros 13 cargos más del anterior Ejecutivo. Tras esta nueva tanda de nombramientos, ya está designado el 90% de altos cargos de la Generalitat y se espera que “la semana que viene o en breve” se pueda completar un listado que “por circunstancias diversas” no se ha podido llevar a cabo hasta ahora, ha manifestado Merino.
Al frente del departamento de Seguridad y Emergencias estará Ángel Javier Montero Hernández, mientras que Javier Bartolomé López será secretario autonómico de Agricultura, Ganadería y Pesca. También se han nombrado 11 directores generales.
El Consell ha aprobado además una declaración institucional sobre el valenciano. El texto exige que el valenciano tenga el mismo estatus de oficialidad que el resto de las lenguas cooficiales del Estado y se remitirá al presidente del Gobierno y de turno del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La Generalitat ha enviado igualmente una petición al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instándole a respetarla.
Merino, preguntada por si el Consell está en contra de que se hablen lenguas cooficiales en el Congreso, ha manifestado que “hay una cámara, el Senado, donde ya está en práctica el uso de lenguas cooficiales y nos resulta al menos extraño que exista una necesidad imperiosa de que en el Congreso se tenga que hablar también en lenguas cooficiales cuando existe una lengua común que todos entendemos”, ha aclarado.
Incompatibilidad de Barrera
La portavoz, preguntada por una información del diario El Confidencial, que asegura que el vicepresidente del Gobierno valenciano y consejero de Cultura, Vicente Barrera, de Vox, aparece en el registro mercantil como administrador de siete empresas —lo que resultaría incompatible con el desempeño de su cargo público—, ha respondido que las incompatibilidades las determina la ley y existe un plazo de dos meses para hacer la declaración de bienes y actividades. “Cuando se haga, el departamento responsable verá si existe incompatibilidad y emitirá su informe. A día de hoy no podemos basarnos en titulares para decir si hay alguna incompatibilidad”.
Los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSPV y Compromís, han anunciado que van a solicitar la comparecencia del vicepresidente de la Generalitat y consejero de Cultura para que “dé explicaciones de por qué incumple la ley” de incompatibilidades al continuar como administrador de siete empresas. Por su parte, tanto el PP como Vox, partido al que pertenece este integrante del Consell, han defendido que hay un plazo de dos meses para llevar a cabo la tramitación correspondiente, al tiempo que han subrayado la honradez de este gobierno.
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