Una jueza de Alicante procesa a dos exediles del PP por trocear en contratos menores obras en una pedanía de 360 habitantes

La jueza de Alicante que abrió diligencias previas para investigar la presunta adjudicación a dedo de unas obras en la pedanía alicantina de La Alcoraya, orquestada por el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, y con cargo a la concejalía de Infraestructuras que dirigía el exedil José Ramón González, ha procesado a ambos por un presunto delito de prevaricación administrativa. En su auto de incoación de procedimiento abreviado, dictado hoy, la magistrada María Luisa Carrascosa incluye también entre los procesados a los dos técnicos que ejercían de jefes de servicio en ambas concejalías. En opinión de Carrascosa, en la actuación de ambos ediles, que abandonaron sus cargos al finalizar la última legislatura, se aprecia el troceo de un contrato en varios más pequeños para eludir “la libre concurrencia pública legalmente exigida”. Es decir, para evitar que la adjudicación saliera a concurso.

La magistrada investiga, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE de Alicante, si Jiménez fraccionó los contratos de instalación de aparatos biosaludables, la redacción y posterior construcción de una pérgola y la reforma de un escenario en la plaza Manuel Giménez Pastor de la pedanía alicantina, situada a unos 15 kilómetros del casco urbano y con un censo de 360 habitantes. Tras desgranar en el documento las adjudicaciones realizadas y los pagos efectuados, que agrupados en un solo contrato podrían haber rondado los 84.000 euros, según los demandantes, la jueza subraya que “dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de un concurso público en un lugar de contrato menor” y que “se concertaron directamente por el acuerdo de los concejales de Infraestructuras y Participación Ciudadana”, González y Jiménez, respectivamente, y “el acuerdo y firma de sus respectivos jefes de servicio”.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada, que también sentó en el banquillo por un proceso similar al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, sostiene que “no cabe duda de la condición de autoridad de ambos concejales” y sus técnicos. También estima que “los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ámbito” y “coetáneos en el tiempo” tenían que haber formado parte de “un mismo proyecto de ejecución más amplio, pues formaban parte de una unidad funcional”. De esta forma, los ediles debían “acudir al concurso público” para su adjudicación.

Igualmente, la jueza observa indicios de que “hubo una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos”, cuyos importes se fraccionaron en varias actuaciones “ajustadas al límite cuantitativo de contrato menor”. La polvareda levantada por este asunto, ya que hasta la jueza acredita en el auto que los adjudicatarios habían realizado obras en casa del exedil, obligó a Jiménez a dimitir de su cargo cuando estaba a punto de concluir la legislatura. González, por su parte, renunció a continuar en las listas del PP que comanda el alcalde Luis Barcala por encontrarse próxima su jubilación. Tras el dictamen judicial, el Ministerio Fiscal tiene 20 días para solicitar el sobreseimiento o la apertura de un juicio oral del que han quedado exonerados los representantes de la empresa beneficiada a por la presuntamente ilícita adjudicación.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha reclamado explicaciones a Barcala por el procesamiento de sus dos ex ediles. A su juicio, el Ayuntamiento de Alicante “debe ser mucho más transparente” en los procesos de contratación, algo que con este pronunciamiento “es todavía más exigible”. “Es necesario desterrar este tipo de prácticas”, continúa, “porque desprestigian a la Administración, a la política, y no contribuyen a que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones”.