Imputado un segundo concejal del PP en Alicante por la presunta adjudicación irregular de cuatro contratos

Dos concejales del PP de Alicante que ejercieron el cargo bajo las órdenes del actual alcalde, Luis Barcala, durante la última legislatura, Manuel Jiménez, de Fiestas y Partidas Rurales, y José Ramón González, de Infraestructuras, tendrán que comparecer como investigados ante la jueza que instruye el caso de un supuesto delito de prevaricación administrativa por la adjudicación a dedo de varios contratos vinculados a obras acometidas en la pedanía de La Alcoraya. La magistrada, María Luisa Carrascosa, dictó una providencia el lunes pasado en la que convoca para el próximo 16 de junio también al adjudicatario de una de las reformas, de la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka SL, y a un técnico municipal, el adjunto a la jefatura de servicio de la concejalía de Infraestructuras, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Tras una denuncia presentada por el PSOE, la titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante investiga si la concejalía de Jiménez, que renunció por este motivo a continuar en las listas presentadas por el PP para las elecciones del próximo domingo, fraccionó los contratos relativos a la instalación de aparatos biosaludables, la redacción del proyecto y posterior construcción de una pérgola y la reforma de un escenario en la plaza Manuel Giménez Pastor de La Alcoraya, partida situada a unos 15 kilómetros del casco urbano en la que viven 360 habitantes. Ahora, la magistrada ha ampliado la investigación a José Ramón González, cuyo gabinete fue el responsable de abonar estos servicios y que tampoco repetirá en las listas, ya que renunció por su próxima jubilación. Los otros dos investigados son un empresario de la construcción, estrechamente vinculado a Jiménez a través de las fiestas de Hogueras, de las que el edil fue presidente durante siete años, y el funcionario que debía supervisar los contratos. Además, declararán como testigos un arquitecto y los representantes de dos empresas más, informa el TSJ.

Los denunciantes, que también prestarán declaración el mismo día y se les ofrecerán acciones en condición de perjudicados, tal como adelantan las mismas fuentes, consideran que el conjunto de las obras gestionadas por Jiménez se podía haber agrupado en un solo contrato tasado en unos 84.000 euros, según sus estimaciones. Sin embargo, el circuito biosaludable costó 47.385 euros y la reforma de la plaza, 27.757. El proyecto de la pérgola y su posterior rehabilitación se asignaron por 5.820 y 44.379 euros, respectivamente.

En un comunicado, la candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, exige explicaciones a Barcala. “No puede permanecer escondido ni un día más”, manifiesta, “dos de los concejales que designó han sido llamados a declarar en el juzgado”. Además, Barceló recuerda que la jueza advirtió al Ayuntamiento “por incumplir el plazo para remitir la documentación del caso que se investiga”. “Lo que está sucediendo es muy grave”, en su opinión, “la crisis más grave que ha sufrido el equipo de gobierno que él preside en esta legislatura”. La alcaldable del PSOE subraya que no aceptará ni “la callada por respuesta” ni que Barcala “se ponga de perfil” ante este asunto.