Una jueza de Alicante investiga a un concejal del PP por fraccionar y adjudicar a dedo cuatro contratos

La jueza titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación para investigar si el concejal de Fiestas y Partidas Rurales durante toda esta legislatura, Manuel Jiménez, adjudicó a dedo una serie de contratos fraccionados vinculados a obras realizadas en la plaza Manuel Giménez Pastor de La Alcoraya, una partida rural de 360 habitantes situada a unos 15 kilómetros de la capital provincial. La magistrada, que aún no le ha llamado a declarar como imputado, ya ha pedido al Ayuntamiento de Alicante la copia de los expedientes de tramitación de estas adjudicaciones para comprobar si pueden ser constitutivos de delito, tras una denuncia presentada por el PSOE, que considera que puede haber prevaricación por fraccionamiento. Jiménez renunció a su cargo a finales de abril y no formará parte de las listas electorales del PP en los comicios del 28 de mayo.

Los contratos analizados consisten en la instalación de aparatos biosaludables, la redacción del proyecto de una pérgola, la construcción de esta misma infraestructura y la reforma del escenario de la plaza de la pedanía alicantina. Todos ellos, según adelantó el diario local Información, recayeron en empresas relacionadas con el entorno del edil popular, uno de los primeros espadas del gobierno municipal que preside el alcalde Luis Barcala (PP), debido a su gran popularidad entre los estamentos vinculados a las fiestas de las Hogueras, las principales de Alicante, de cuya gestora fue presidente durante siete años, hasta concurrir en las listas del PP en las elecciones de 2019.

A juicio de los denunciantes, todas las obras gestionadas por la concejalía de Partidas Rurales tendrían que haber formado parte de un único contrato, con un valor estimado conjunto que supera los 84.000 euros. Sin embargo, las adjudicaciones fueron troceadas y los gastos fueron asumidos por la concejalía de Infraestructuras. La rehabilitación de la pérgola se asignó por 44.3799 euros y la redacción de su proyecto, por 5.820. El circuito biosaludable tuvo un precio de 47.385 euros y la reforma de la plaza, 27.757.

La jueza responsable del caso, María Luisa Carrascosa, es la que también investigó el fraccionamiento de contratos del área de Comercio durante la legislatura encabezada por el socialista Gabriel Echávarri, que fue denunciado por el PP. En ese caso, en el que se dirimía la validez de ocho contratos, la Audiencia de Alicante condenó a Echávarri a ocho años y medio de inhabilitación para cargo público, sentencia que fue validada por el Tribunal Supremo tras la presentación de diferentes recursos. En el mismo proceso, también fue condenado por este delito el asesor municipal Pedro de Gea y quedó absuelto el entonces jefe de Gabinete de la Alcaldía, Lalo Díez.