La Generalitat detecta subvenciones mal justificadas por el hermano de Ximo Puig pero estas no superan el límite del delito

La Intervención de la Generalitat Valenciana ha detectado que las empresas de Francis Puig, hermano del presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, los hermanos Adell Bover, recibieron de forma indebida 67.504 euros en subvenciones, ya que no justificaron tal como marca la ley los gastos de estas ayudas concedidas entre 2015 y 2018. Esta cantidad no supera los 120.000 euros, límite a partir del cual las irregularidades se convierten en un delito de fraude de subvenciones.

La Intervención ha remitido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el informe pericial sobre las ayudas públicas a las empresas administradas por Francis Puig, unas subvenciones que ascendieron a 625.721 euros para el fomento del valenciano en medios de comunicación. Así, la cantidad señalada por la Intervención como “indebidamente obtenida” supone menos del 11% del total de las ayudas percibidas.

Las ayudas analizadas por la Generalitat hacen referencia a tres empresas. Según el informe, Canal Maestrat obtuvo de forma irregular 24.264,65 euros; Comunicació del Ports recibió 33.842 euros por conceptos que no se han justificado debidamente; y la cantidad que obtuvo de forma irregular Mas Mut fue de 9.397 euros. Es decir, los 67.504 euros recibidos indebidamente corresponden a tres empresas y durante cuatro ejercicios.

El informe analiza, básicamente, cuatro irregularidades: gastos no relacionados con la actividad subvencionada, ni necesarios para su realización; gastos no realizados al pagarse a los proveedores con posterioridad al plazo máximo para justificar la realización de la actividad subvencionada; gastos no realizados al no constar su pago a los proveedores; y gastos no subvencionables por no estar previstos en las bases reguladoras. Entre los primeros detecta, por ejemplo, el suministro de combustible para un vehículo no identificado ni justificación de la necesidad del desplazamiento para la realización de la actividad subvencionada y gastos de luz y teléfono, entre otros. En la segunda tipología, el informe indica que poco más de 4.500 euros fueron para el pago a proveedores pero fuera del plazo que marca la ley para su justificación. Entre los “gastos no realizados al no constar su pago a los proveedores” se encuentran facturas compensadas entre las empresas investigadas que, según el escrito, no pueden utilizarse para acreditar un pago. En último lugar, sobre los gastos no subvencionables, las empresa de Francis Puig incluyeron facturas de asesorías.

Según fuentes de la defensa de Puig, “las discrepancias son de carácter técnico y de lo que apuntan tampoco cabe hablar de falsedad documental”, que era otro de los delitos apuntados por el PP, que presentó la querella de la que surgió la investigación, y la fiscal.

La investigación se centra en la recepción de las ayudas puesto que por la concesión de las mismas, el juez ya archivó la causa abierta contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, al que el PP acusó de prevaricación y malversación por las subvenciones concedidas a Francis Puig.

Además del informe de la Generalitat Valenciana, el juez cuenta también con el de la Generalitat de Cataluña, de la que también recibió ayudas Puig. Cataluña ya apuntó que la función de la Intervención de esa administración autonómica se centra en un “control documental dirigido a comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y el cumplimiento del objeto y la finalidad” y que no se exige “la aportación de facturas como medio de justificación”, como sí hace la Generalitat Valenciana. “Los documentos portados se presumen válidos y no consta que durante la tramitación administrativa se hubieran puesto de manifiesto indicios de falsedad u otra irregularidad similar”, concluye el informe de la Intervención de la Generalitat catalana.