Investigados un alto mando del Ejército y dos familiares por posibles comisiones en obras de la Guardia Civil

Un teniente coronel del Ejército es investigado por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos menores de la VI Zona de la Guardia Civil, la que corresponde a la Comunidad Valenciana, valiéndose del cargo de interventor económico jefe, función que ejerció durante más de 15 años. Esa sospecha, que se concretaría en varios delitos contra la administración pública, es la que tratan de confirmar la Fiscalía Anticorrupción apoyada en el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en las diligencias abiertas hace cerca de un año en el juzgado de instrucción 3 de Valencia.

En la causa, que ha dejado recientemente de ser secreta, hay tres personas más investigadas. Dos de ellas son familiares del militar y la tercera, según pudo saber EL PAÍS, un empresario de la construcción. El juzgado ha designado a un perito, un funcionario arquitecto de la Agencia Valenciana Antifraude, para hacer una valoración de las obras bajo sospecha. Estará acompañado por otros dos arquitectos elegidos por los investigados.

La adjudicación de obras en al menos dos cuarteles de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana aparecen en una investigación paralela al caso Mediador por concederse a un empresario que se reunió con los principales miembros de la trama, según ha publicado El Periódico de España. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que no se ha establecido ningún tipo de relación entre ambas tramas “de momento” y que las diligencias no se han abierto por ninguna conexión entre ambas.

Registro en septiembre

En el caso del teniente coronel de la VI Zona, las diligencias abiertas saltaron a la luz el pasado mes de septiembre, cuando agentes de Asuntos Internos registraron el despacho del teniente coronel en el cuartel de la Guardia Civil situado en el barrio de Benimaclet, en la zona norte de Valencia.

También se realizaron de manera paralela intervenciones en varias empresas y en todas ellas se incautó documentación que ha sido analizada en los últimos meses. No hubo detenidos pero sí se tomó declaración a los investigados, que están pendientes de comparecer en el juzgado.

La investigación apunta a varios contratos de obras menores pero también a otros gastos de “caja fija”, como fueron compras de material. La Intervención General del Estado controla operaciones más importantes económicamente de la Guardia Civil y otros cuerpos, pero las menores quedan bajo el control de interventores como el investigado, que, según las sospechas, habría recibido pagos de los empresarios beneficiados que supuestamente inflaron el precio que cobraban al cuerpo.

En este caso, como el instituto armado no tiene esa figura de interventor en sus cuadros, era un miembro de las Fuerzas Armadas el que ejercía el control económico. Desde la Guardia Civil declinaron hacer cualquier tipo de comentario al respecto de una investigación en la que participa también el servicio de Asuntos Internos.