Dos funcionarios declaran que accedieron al expediente de violencia machista de Rocío Carrasco para ayudar en su trabajo

Si accedieron al expediente de violencia machista de Rocío Carrasco no fue para fisgar, sino para desarrollar su trabajo. Eso han declarado los dos funcionarios de la Generalitat juzgados este jueves en la Audiencia de Valencia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que la fiscalía pide tres años y medio de prisión, seis años de inhabilitación y 4.500 euros de multa. Los dos acusados, el psicólogo y la trabajadora social de la oficina de atención a las víctimas del delito de Alzira, han manifestado que el 23 de marzo de 2021 entraron con sus claves al sistema informático VioGén (seguimiento integral de los casos de violencia de género) porque recibieron desde primera hora llamadas de personas que pedían asesoramiento y aseguraban sentirse muy identificadas con los problemas que la noche anterior había explicado la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, en el primer capítulo de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitida por Telecinco.

“En particular me interesaba consultar si existía alguna orden de protección en el expediente de Rocío y si se había asignado algún tipo de unidad de vigilancia”, ha manifestado el psicólogo, que vio solo “trozos” del programa en el que la mujer relataba supuestos episodios de malos tratos de su pareja, Antonio David Flores. “Lo que necesitaba saber es si Rocío era víctima de violencia de género y si, por ello, tenía asignado un nivel de riesgo y una unidad de vigilancia. Así, podría asesorar a otras posibles víctimas que decían que les pasaba lo mismo y que estaban en la misma situación”, ha argumentado.

El funcionario ha indicado que para entrar en Viogén no tuvo que sortear contraseñas ni piratear nada, ya que está autorizado y tiene asignada una clave de acceso para desarrollar su trabajo y ha negado que lo hiciera de forma lúdica o por entretenimiento: “Lo hice en el ejercicio de mis funciones”. Ha reconocido al fiscal que, con anterioridad, nunca había consultado VioGén un caso que no trataba él directamente.

El presidente del tribunal ha insistido al acusado en que volviera a explicarse porque no entendía por qué necesitaba consultar como psicólogo el expediente de Rocío Carrasco para asesorar a otras posibles víctimas, ni en qué le podría ayudar en su tratamiento. “Saber si en ese caso había algún nivel de riesgo podía ser útil para entender si las posibles víctimas que nos llamaban también podían tener atribuido el mismo nivel de riesgo. Podía recomendarles que hicieran la denuncia pertinente para obtenerlo”, ha contestado.

La funcionaria interina ha repetido que la consulta a VioGén “no se hizo con ninguna intencionalidad que no fuera profesional”. Ha explicado que en su caso, recibió la llamada de una víctima, a la que ya habían tratado, que le dijo que se había sentido identificada con lo que se había denunciado en el programa de televisión relacionado con la violencia vicaria y con lo que había contado Rocío Carrasco. Sin haber visto el programa de televisión, según ha indicado, entró en VioGén “para contextualizar la situación y ver lo que estaba pasando”. “Nunca hubiera podido predecir que hacer esa consulta desencadenase estas consecuencias”, ha afirmado.

Durante el juicio han comparecido varios testigos, entre ellos, la que fuera compañera de los acusados y letrada en la oficina de víctimas, quien ha corroborado las numerosas llamadas que recibieron tras la docuserie por parte de víctimas que se sentían identificadas.

Preguntada por cómo los funcionarios podían ayudar a esas víctimas con la consulta del expediente, la testigo de la defensa ha indicado que “llamaba la atención que todas las víctimas, que presentaban una problemática diferente, se sintieran identificadas con Rocío. Entones, era entender qué estaban necesitando. Algo había ocurrido con esa persona que había hecho que todas abrieran los ojos. Queríamos entender por qué las víctimas se veían identificadas con ella”, ha señalado.

Por su parte, el jefe de servicio de ordenación de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat ha señalado, en calidad de testigo de la defensa, que fue el encargado de instruir el expediente disciplinario de los acusados, aunque no pudo acabarlo porque se iniciaron las actuaciones judiciales.

De esta forma, solo pudo tramitar un expediente relacionado con un caso en Alicante sobre el que el fiscal no vio delito y se archivaron las diligencias. Al respecto, ha explicado que se trataba de un caso similar en el que la funcionaria aseguraba que había consultado el expediente ante el aumento de llamadas de personas con síntomas similares a Rocío Carrasco.

Sin limitación expresa

Tras estudiar este caso concreto, el testigo ha manifestado que no encontró limitación expresa de que no se pudiera consultar este tipo de casos. “No encontré en los manuales nada que pusiera que no se podía acceder a un expediente si no se tenía relación con el procedimiento. No la encontré, aunque no digo que no exista”, ha señalado. El testigo no vio en este caso mala fe.

La Fiscalía ha considerado “poco reales e inverosímiles” las versiones de los acusados y ha elevado a definitivas sus conclusiones y pide para ellos sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por su parte, la defensa reclama la absolución al no ver delito, puesto que ha aludido a la autorización de los funcionarios para consultar Viogén y ha enmarcado la actuación en “el ejercicio de sus funciones”. Tampoco ve perjuicio alguno porque no hubo difusión ni publicación de la información ni uso espurio de la misma.

Se trata del primer juicio celebrado en la Comunidad Valenciana por el acceso al expediente de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Pero hay más casos abiertos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sueca (Valencia) ha procesado a una funcionaria por un presunto delito contra la intimidad. Además, se abrieron investigaciones penales en los juzgados de Sueca, Alzira, Ontinyent, Moncada y Catarroja.