La Fiscalía pide tres años de cárcel para una funcionaria por el acceso indebido al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

El escrito del fiscal sostiene que consultó el informe “de forma totalmente ajena a sus funciones”

Rocío Carrasco, en un instante del documental 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva'.
Rocío Carrasco, en un instante del documental 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva'.MEDIASET

La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y la inhabilitación durante seis años para una funcionaria que accedió, de forma indebida, al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sueca (Valencia) procesó la semana pasada a la funcionaria por un presunto delito contra la intimidad. La Fiscalía, en su calificación, sostiene que la acusada cometió un delito descubrimiento y revelación de secretos porque accedió “sin justificación alguna” al expediente al que podía llegar porque trabaja en violencia de género y tenía acceso al sistema informático, Viogén, en el que se encuentran todos los informes. El escrito del fiscal indica que “consultó, de forma totalmente ajena a sus funciones” este expediente y a datos personales y reservados “que no eran públicamente conocidos” de la hija de Rocío Jurado y reclama, además, una multa de 4.500 euros.

El pasado mes de octubre la delegación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Valencia judicializó varias diligencias de investigación penal abiertas contra varios funcionarios por acceder de forma indebida a los datos de Rocío Carrasco y presentó denuncias contra siete de ellos. Además del caso de Sueca se abrieron causas similares en otros juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada y Catarroja. También se detectó el acceso de un funcionario desde Alicante pero la Fiscalía archivó las diligencias de investigación al no apreciar delito alguno, y dado que “se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión”, según alegaron fuentes del ministerio fiscal.

El acceso a la documentación se conoció cuando la secretaría de Estado de Seguridad detectó que varios funcionarios habían entrado a fisgar en los datos de la hija de la cantante Rocío Jurado sin que su trabajo tuviera nada que ver con el caso. El acceso se produjo en el mismo periodo en el que se emitió en televisión un documental en el que la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco relataba supuestos episodios de malos tratos.

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