Mónica Oltra se enroca en no dimitir y los socialistas confían en la presión para pactar su salida

La comparecencia de Mónica Oltra ante los medios de comunicación de este viernes sentó como un jarro de agua fría en las filas del socialismo valenciano, sus socios de Gobierno en la Generalitat, presidido por el socialista Ximo Puig. Y no porque fuera un alivio al sofocante calor de estos días, sino porque su rechazo a dimitir por su imputación en el supuesto encubrimiento del caso de su exmarido, condenado en 2019 por abusos sexuales en 2017 a una menor tutelada, heló las perspectivas de rebajar la fuerte presión.

“Los tiempos políticos y judiciales a veces no coinciden”, manifestó Puig a última hora de la tarde de este viernes en Ontinyent (Valencia). “Yo opto por la serenidad. Entiendo las urgencias mediáticas y de la oposición. Es evidente que hay que reflexionar y de tomar decisiones. Yo tomaré las decisiones siempre en el interés de la Comunidad Valenciana”, agregó, además de definir la situación como “compleja”. La presión política y mediática es muy intensa y puede resultar insostenible en el tiempo por la erosión que acarreará al Consell formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, apostillan fuentes de Presidencia.

“La presión se aguanta”, afirmó Oltra, que justificó su decisión de no dimitir por, entre otras razones, “la frase que define el auto” de su imputación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano: “No existe prueba directa” de su vinculación con el presunto ocultamiento. “Soy coherente. Mi postura es ética, estética y política, no es una postura personal”, sostuvo, al tiempo que volvía a denunciar “la cacería” contra ella emprendida por la extrema derecha, en alusión a las denuncias del abogado ultra de la joven abusada, ahora mayor de edad, de una activista y antigua fundadora de Vox y de la propia personación de este partido.

No obstante, sus explicaciones no han convencido a sus socios de gobierno. Al contrario. Fuentes socialistas temen que el foco del problema se traslade al resto del Ejecutivo y en especial al presidente, Ximo Puig, quien si decide destituirla “unilateralmente” puede provocar la caída del Gobierno de izquierdas, según amenazó a primera hora del viernes Compromís, formación a la que pertenece la también titular de la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, gestora de los menores tutelados. Las mismas fuentes apuntan que se confiaba en que Oltra diera un paso atrás y abandonara el cargo en un plazo corto para defenderse y volver a la primera línea política una vez desimputada, tras su declaración del 6 de julio ante el TSJ. Se barajaba la posibilidad de la delegación de sus competencias o el recambio por un compañero o una compañera de Compromís sin dejar el acta de diputada.

La hoja de ruta es buscar una salida pactada, presionar para que se tome conciencia de la situación problemática que afecta a todo el Gobierno, según fuentes socialistas. Y para ello consideran imprescindible que se abra una reflexión en el seno de la coalición Compromís para que los propios compañeros de Oltra actúen y tomen las decisiones menos malas. Después de ver cómo evoluciona la situación, la última palabra la tiene el presidente, apostillaron las mismas fuentes, que recuerdan que Puig ya provocó la dimisión del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y del exalcalde de Alicante, el también socialista Gabriel Echávarri, ambos imputados.

En este sentido, una voz autorizada de Compromís, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, expresó tras conocer la decisión de Oltra la conveniencia de tratar el asunto la próxima semana en una reunión de Compromís, que tiene convocada una ejecutiva para el martes, para “madurar la decisión” sobre el futuro de la vicepresidenta. Señaló que la decisión que se tenga que tomar sobre Oltra “en un sentido o en otro” tiene dos vertientes: una personal, que le corresponde resolver a ella, y una colectiva, que se ha de resolver, “como es lógico”, dentro de la coalición. El alcalde dio su apoyo “total” e intentó quitar hierro al problema, en comparación con otros como, por ejemplo, el alza actual de los precios, aunque “evidentemente, complica”. La inestabilidad en el Consell también afectaría al Ayuntamiento, en el que gobierna con el PSPV-PSOE.

La otra pata del Gobierno valenciano está formada por Unides Podem. Fuentes de la vicepresidencia segunda de la Generalitat, que desempeña Héctor Illueca, destacaron el respeto por el procedimiento judicial, en el que no debe haber interferencias políticas y reconocieron que la situación es “complicada”. “Habría de ser en la fuerza política de Oltra donde se abriese la reflexión más oportuna y adecuada sobre la situación” por el bien de todos, añadieron.

La oposición en bloque redobló las exigencias de destitución de Oltra ante su negativa de dimitir. Las peticiones ya no surgen desde el ámbito autonómico valenciano, sino desde el nacional.

En su comparecencia, la vicepresidenta valenciana y portavoz del Consell, de 52 años, comentó que ningún miembro del Gobierno valenciano le había reclamado su dimisión y que se sentía apoyada por el gobierno autonómico. Y reiteró que, a diferencia del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ella está dando explicaciones. “He comparecido en innumerables ocasiones y he presentado toda la documentación. Nunca me he escapado del control de las Cortes ni de sus preguntas”, dijo para argumentar por qué entonces reclamaba la dimisión del dirigente popular por su imputación y ahora ella se mantiene en el cargo. “Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa”, agregó.

En su resolución, el TSJ argumenta la investigación a la vicepresidenta con el fin de determinar si la “sospecha inicial” de un posible acuerdo entre la líder de Compromís y varios funcionarios para ocultar el caso tiene “entidad suficiente”. El tribunal considera que existen “una serie de indicios plurales que en su conjunto que hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…), o bien proteger la carrera política de la aforada”, por lo que la cita a declarar el 6 de julio. En el mismo auto, los magistrados señalan: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero aun así consideran que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.