La consejera de Justicia pide un cambio en la ley de carreteras para sancionar a proxenetas y clientes

La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas y Movilidad la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana de 1991 para que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica. La medida se dirige a la prostitución a pie de carretera, junto a polígonos industriales y comerciales.

Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista Propuestas para la Ordenanza de Prostitución organizada por el área de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia en el que ha asegurado que esta iniciativa se une a las otras que ha puesto en marcha su departamento “para poder establecer una sociedad libre de prostitución”. Este departamento ha promovido también una reforma de la ley autonómica de Espectáculos para actuar en establecimientos públicos que, en realidad, actúan de prostíbulos.

La titular de Justicia ha explicado que la propuesta enviada a la Consejería de Obras Públicas se solicita la inclusión de un nuevo artículo de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Además, la propuesta añade que se debe establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.

La propuesta de Justicia incluye también la adición de un nuevo apartado que defina como infracción grave “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.”

En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.

La consejera ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución “en el que estamos trabajando desde hace quince meses” está basado “en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia”. Por ello ha defendido que aunque hay que “poner el foco en los proxenetas”, también “hay que mirarlas a ellas, que no están ahí por su voluntad sino porque seguimos arrastrando un concepto de sociedad patriarcal en el que hay hombres que consideran que tienen derecho a pagar por el cuerpo de una mujer”

“Desde la Generalitat vamos a seguir marcando el camino hacia la abolición con medidas concretas como la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista para acabar con este fenómeno que nos avergüenza”, ha concluido Gabriela Bravo.

La consejera ha abierto el foro municipal organizado por la concejalía de Aarón Cano, quien ha subrayado en la apertura que “no hay debate. La prostitución debe abolirse. Estas jornadas son para recibir aportaciones”, ha dicho Cano.

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha incidido en que “es falso que la prostitución sea un trabajo. Es violencia de género y una de las más terribles”, ha asegurado. la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha apostillado que “es un modo de explotación para los empresarios del sexo y los que trafican con mujeres”.