Multas de hasta 3.000 euros a los que demanden sexo de pago en la Comunidad Valenciana

Se estima que en la Comunidad Valenciana hay de 10.000 a 13.000 mujeres prostituidas, 164 establecimientos identificados donde se ejerce esta actividad y más de 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución. “Una sociedad democrática no puede tolerar que el cuerpo de una mujer sea mercantilizado”, ha afirmado la consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, cuyo departamento ha elaborado un modelo de ordenanza municipal abolicionista: sanciona a proxenetas y clientes con hasta 3.000 euros, y protege y asiste a las mujeres prostituidas. “No queremos invadir las competencias municipales sino facilitar la tarea a los ayuntamientos y vamos a trabajar para que la asuma el mayor número posible”, ha precisado la consejera.

Los municipios de Albal (16.300 habitantes) y Quart de Poblet (25.000 habitantes), ambos en el área metropolitana de Valencia, han abierto el camino en la comunidad y son los únicos con ordenanzas duras con los demandantes de sexo de pago, y protectores con las mujeres prostituidas, un 80% de ellas víctimas de trata de personas. Albal ha impuesto sanciones de hasta 800 euros a una decena de hombres por pretender contratar servicios de prostitución en el municipio, según su alcalde, Ramón Marí, orgulloso de ser un pionero y consciente de que era la única salida tras la muerte violenta de dos de ellas en los alrededores del municipio. En los polígonos industriales cercanos, situados a lo largo de la autovía V-31, es fácil verlas a todas horas del día, sea invierno o verano, haga frío o calor.

Otros ayuntamientos españoles, como Sevilla o Barcelona, aprobaron en su día normativas avanzadas, y cada vez son más los municipios que caminan en esa dirección. Otros ayuntamientos, como el de Alicante, acaban de aprobar una ordenanza, pactada por el PP y Vox, que castiga a mendigos y prostitutas con multas de hasta 3.000 euros. “Queremos que se sumen todos los ayuntamientos a la corriente abolicionista”, ha asegurado la consejera en un acto organizado en Mislata, cuyo alcalde Carlos Fernández Bielsa avanza que pronto la incorporarán.

El modelo de ordenanza trata la prostitución como un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres. Sanciona a los demandantes de servicios sexuales con 1.500 euros o, si se produce cerca de colegios o de actos festivos o deportivos, con 3.000. Multa a los proxenetas o intermediarios, prohíbe la publicidad que promueva su consumo —con sanciones de hasta 750 euros y se incluyen a los anunciantes—, y reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género, al objeto de proporcionarles ayudas para que salgan adelante. No se las sanciona en ningún caso.

Los socialistas valencianos, que gobiernan la Generalitat en coalición con Compromís y Unides Podem, han convertido la abolición de la prostitución en bandera de su programa y de su acción de gobierno. Fueron los primeros en pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una ley que prohíba el fenómeno y se oponen a que la actividad se regule. Desde sus consejerías en el Gobierno valenciano han ido dando pasos a favor de la abolición: la policía autonómica ha sido particularmente activa con las campañas de inspección a locales encubiertos donde se ejerce la prostitución.

Hace un año se creó el Foro Valenciano por la Abolición, que reúne a personalidades de la sociedad civil que han promovido estudios para radiografiar la prostitución en la Comunidad Valenciana. Según uno de esas investigaciones, uno de cada cinco varones valencianos afirma haber pagado por sexo alguna vez a lo largo de su vida. La inmensa mayoría de las personas demandantes son hombres y la mayoría de las personas prostituidas son mujeres, lo que evidencia además la desigualdad de género del fenómeno.

Los estudios abundan en que a las prostitutas se las presenta formalmente como iguales y libres, “pero están sometidas a redes, proxenetas, empresarios de clubes, madames de pisos y gerentes de agencias, entre otras. La práctica independiente es minoritaria”. Además, la prostitución se ha estudiado desde las mujeres y no desde los demandantes por lo que hay una primacía de la visión masculina sobre la prostitución, concluye un estudio elaborado por un equipo liderado por el catedrático Antonio Ariño de la Universitat de València.

El departamento de Bravo elabora un anteproyecto de ley de Espectáculos que acorrala a estos negocios encubiertos que viven de los servicios sexuales de pago. “Somos la primera comunidad autónoma española con una hoja de ruta definida contra esta práctica pero sabemos que no podemos hacerlo solos”, ha insistido Bravo, quien ha pedido a los ayuntamientos que incorporen, modificada, ampliada, adaptada, la ordenanza que ofrece Justicia.