Cinco años para lograr la soberanía energética: la apuesta valenciana por liderar la vanguardia de la transformación sostenible

La guerra que asola Ucrania ha evidenciado la necesidad de acelerar los procesos para implementar la transición hacia un modelo sostenible. Lograr la soberanía energética, un concepto que parecía un objetivo lejano, se ha convertido en una prioridad para la Generalitat Valenciana, que aprobó el pasado 22 de abril un decreto ley con medidas de urgencia encaminadas a fijar un periodo de cinco años para lograr la autosuficiencia del territorio.

Según los datos del Consell y de Red Eléctrica Española (REE), en la actualidad la Comunidad Valenciana produce el 66% de toda la energía que utiliza. Dicho consumo se tradujo en 27.051 GWh durante 2021, con menos del 20% proveniente de energías renovables. En términos de potencial, la inversión en el desarrollo e implementación de las energías limpias son la apuesta del Consell, que ve en los 315 proyectos pendientes de tramitación la clave para la soberanía energética. La apuesta decidida por la investigación y el desarrollo valencianos en campos como el hidrógeno verde, las baterías eléctricas y la industria fotovoltaica, son el futuro incierto hacia el que se encamina el territorio.

Para Pedro Fresco, director general de Transición Energética, la inversión en energías renovables es un tren que no se puede dejar pasar. “Tenemos dos opciones: quedar retraídos y ser parte del tercer mundo o subirnos a la vanguardia del cambio y encabezar este fin de ciclo histórico. Proyectos como la factoría de baterías de Volkswagen para vehículos eléctricos de Sagunto, que estará operativa en 2026, ejemplifican el potencial de la Comunidad Valenciana para formar parte del cambio tecnológico. O fabricamos nosotros los componentes de las energías renovables o los fabricarán otros”, explica Fresco.

Por el momento, la realidad de muchos de los proyectos que continúan pendientes de aprobación dista mucho de la premura con que la Administración desea disponer de ellos. En ese sentido se encamina el decreto ley 1/2022, aprobado el 22 de abril, que pretende agilizar la tramitación de los 315 proyectos que en la actualidad se encuentran atascados en distintas fases de tramitación y que supondrían una potencia instalada de cerca de 10.000 megavatios suplementarios, entre energía solar y eólica.

Para el profesor Tomás Gómez Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Energética (IUIIE) y miembro de la Cátedra de Transición Energética y Urbana de la Universidad Politécnica de València (UPV), en encallamiento se debe a que la administración pública “es garantista y tiene que estar convencida de que los proyectos son de interés para la población desde el punto de vista de la estabilidad de la red eléctrica y de mercado”. Sin embargo, afirma, en la actualidad no se cuenta con personal público suficiente para llevar estos procesos. “Han pasado cinco años y no han dotado de más funcionarios al servicio. A esto hay que añadir la preocupación de las autoridades por la existencia de especuladores, que hace que esta se mueva con mucha cautela y lentitud. La burocracia es compleja y existen actores que están arrastrando los pies y no lo están poniendo fácil”, concluye el director del IUIIE.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado en varias ocasiones que la transición energética es una de las “grandes cuestiones en esta década de oportunidades”. En esta línea, la reciente remodelación de gobierno apuntala los planes de los socialistas, que primero tendrán que lograr la convalidación en las Corts de las medidas energéticas que sus socios de coalición, Compromís y Unides Podem, miran con reticencias. Para el presidente valenciano esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar y apuesta por poner plantas fotovoltaicas “donde sea, pero ponerlas”.

En la actualidad, la producción energética de la Comunidad Valenciana depende en gran medida de la central nuclear de Cofrentes, la cual, según datos de REE, generó 8.389 millones de kWh durante 2021 y supuso cerca de la mitad de la producción energética de la comunidad. Sin embargo, la energía producida por esta central, cuya explotación está autorizada hasta el 30 de noviembre de 2030, se equipara a la solar y la eólica desde que la Comisión Europea catalogase el pasado mes de febrero al gas y las nucleares como energías renovables.

El Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) publicó recientemente el estudio Aprovechamiento Fotovoltaico en la Comunidad Valenciana, que apunta que del total de viviendas de la Comunidad Valenciana, en torno al 31% se consideran muy favorables para el autoconsumo, lo que se traduce en alrededor de 600.000 hogares con potencial “medio-alto” para autogenerar su propio gasto energético. La provincia de Valencia presentaría un mayor potencial de generación fotovoltaica con más de 10.700 GWh anuales, concentrándose un 60% del total de la capacidad productiva en el sector industrial.

Pero además del residencial hay otros dos sectores consumidores de energía. El profesor Gómez Navarro señala que estos son el industrial, el residencial y el transporte. “En la práctica, sí podríamos aspirar a cubrir la demanda residencial y de industria. Pero, aun así, seguiríamos sin poder cubrir la demanda de sectores como el transporte”. El profesor no es del todo optimista “porque creo que técnica y económicamente no es todavía posible”.

Viejos fantasmas

Esta revolución tecnológica será un proceso que dejará ganadores y perdedores por el camino. En este sentido, el representante de la Coordinadora Valenciana Per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, Julio Rodrigo, enfatiza la necesidad de tomar medidas urgentes para la descarbonización, pero pone el foco sobre los problemas que la apuesta directa del Consell por la energía fotovoltaica y eólica pueden suponer. “Se ha abierto tanto la mano y se han puesto tantas facilidades para construir parques solares, que han venido fondos de inversión de todo el mundo que han visto que la situación es propensa para especular. Lo que vemos es que la instalación de grandes plantas fotovoltaicas no va a representar una bajada del precio de la luz para los consumidores. La factura solo bajaría si la energía generada por las plantas de cada pueblo se dedicase al consumo de los vecinos a precio cero. Pero eso no pasará, estas empresas se conectarán a la red, exportarán energía al extranjero y nos la cobrarán a precio de mercado”, sentencia Rodrigo.

Para Pedro Fresco la ruta a seguir es clara: “Durante los próximos años tenemos que hacer dos cosas. Por una parte, seguir instalando de forma masiva renovables para producir la energía que queremos no importar en forma de gas o petróleo. El segundo paso consiste en que esa energía que queremos producir tenemos que poder usarla en nuestros coches, en nuestras casas… hay cambiar toda la tecnología sobre la que basamos los consumos energéticos y transformarlas para que puedan funcionar sobre la electricidad. En definitiva, debemos sustituir procesos que no podemos electrificar de forma directa de momento”, afirma el director general de Transición Energética.