El Tribunal Superior de Justicia designa los magistrados que determinarán la imputación de Mónica Oltra

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha designado ya al tribunal que deberá decidir si imputa o no a la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra. Antonio Ferrer, Pilar de la Oliva y Vicente Torres son los magistrados en los que, por reparto, ha recaído la decisión. Pilar de Oliva es la actual presidenta del alto tribunal y Vicente Torres fue fiscal Anticorrupción en Valencia hasta que, en 2019, fue nombrado magistrado del TSJCV por el Consejo General del Poder Judicial por el turno reservado a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de servicio. La designación del tribunal es un trámite más en el proceso en el que se decidirá el futuro judicial de Oltra.

A principios de abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia presentó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en la que solicitaba la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, Mónica Oltra. El juez también pedía que asumiera la investigación para desvelar si Oltra participó en el presunto encubrimiento de los abusos del exmarido de la política a una menor tutelada. Este fue condenado a cinco años de prisión cuando era educador de un centro religioso de acogida, de carácter privado pero con plazas concertadas con la Generalitat, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a una menor de 16.

La causa cuenta ya con seis cargos de la Consejería de Igualdad (cuya responsable es Mónica Oltra) imputados, además de la directora y a una psicóloga del centro de acogida, en el que ocurrieron los hechos. El aforamiento de Oltra impide que la vicepresidenta y diputada pueda ser investigada por un juzgado de instrucción. “Debe ser oída como investigada en la presente causa para que la sala adopte la resolución que estime procedente”, señaló el juez respecto a Oltra en un auto en el que pedía al TSJCV que se hiciera cargo de la causa para poder interrogar a Oltra.

La investigación del juez se centra en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores o se incumplió el deber de custodia y el deber de denunciar los delitos perpetrados contra los menores bajo su guarda. El juez también sospecha que el personal de la consejería, de la que es titular Oltra, llevó a cabo una investigación paralela a la judicial y que la menor “lejos de ser protegida, fue objeto de una injustificada persecución”.

La imputación procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y que está representada por el líder del partido ultra España 2000. El juzgado decidió, en octubre de 2021, archivar esta causa puesto que la condena de la que deriva, la de los abusos del educador, está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. El juez entendió que la sentencia no era firme y, por tanto, el relato de hechos era también provisional y no estaba acreditada “la perpetración del delito”. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial obligó al juez a reabrir el caso en el que se acusa a los trabajadores de omisión en el deber de perseguir un delito, de un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento. El tribunal se basó en que, aunque el recurso ante el Supremo aún sigue pendiente, la sentencia de condena había sido ratificada ya por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.