El Gobierno valenciano cierra filas ante las causas judiciales que afectan a Puig y Oltra

“O les va bien a ellos o, por muy bien que nos vaya a nosotros, ganará la derecha”. Esta frase de un dirigente socialista valenciano, referida a sus socios de Compromís y Podem, resume el porqué de la cohesión que el Gobierno autonómico —formado por los tres partidos— está mostrando en las últimas semanas ante los casos judiciales que afectan al hermano del presidente, el socialista Ximo Puig, y a la vicepresidenta primera, Mónica Oltra (Compromís). Ambos partidos son conscientes de que solo su suma podrá revalidar y reeditar un pacto progresista frente a un PP que no acaba de escalar los puestos necesarios que impidan tener que apoyarse en la extrema derecha de Vox en las elecciones de 2023.

El hermano de Ximo Puig, Francis Puig, está investigado por un supuesto fraude de subvenciones otorgadas a sus empresas por los Gobiernos valenciano y catalán. Mónica Oltra se encuentra a un paso de ser imputada por la presunta ocultación, como consejera de Políticas Inclusivas, del caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido. La primera causa es resultado de una denuncia presentada por el PP. La segunda, por la denuncia de una asociación liderada por Cristina Seguí, fundadora de Vox y actualmente fuera de las filas del partido.

El caso que afecta al presidente de la Generalitat investiga las empresas de uno de sus hermanos, Francis Puig, por un posible fraude de subvenciones otorgadas por la Generalitat de Cataluña y la Generalitat valenciana para el fomento del valenciano y para la edición de medios informativos digitales en catalán. El caso fue denunciado por el PP, que le acusó de presentar facturas cruzadas y gastos que no están suficientemente justificados, así como de presentar los mismos gastos para justificar subvenciones de ambas administraciones. La policía judicial detectó, además, que una de las empresas había contratado al hijo del presidente de la Generalitat para, posteriormente, pedir una de las subvenciones investigadas. El equipo de delitos económicos no concluyó, sin embargo, que se produjera ninguna ilegalidad en esa contratación.

En el caso de Oltra, la denuncia presentada por la cofundadora de Vox la señala como responsable, como consejera de Políticas Inclusivas, de un delito de encubrimiento del caso por el su exmarido acabó condenado por abusos a una menor tutelada. A los trabajadores de la misma consejería que ya han sido imputados se les acusa de la omisión en el deber de perseguir un delito, de un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento.

La oposición se agarra a ambos casos en cualquier comparecencia para desgastar al Gobierno. Han sido múltiples las ocasiones en las que han pedido elecciones anticipadas y la dimisión de Oltra. Enfrente, tanto el PP como Ciudadanos y Vox se han encontrado un muro de hormigón. Los tres partidos del Gobierno ejercen, en cada comparecencia pública, una defensa férrea de sus dirigentes. Ni los socialistas ni Compromís ni Podem escatiman palabras de apoyo para los socios y de reproche para la oposición. Públicamente, van a una. La oposición les acusa de haber firmado un pacto de “no agresión para taparse las vergüenzas”. “El único pacto que tenemos es el pacto del Botànic”, les contestó Oltra.

Oficiosamente, tampoco se distancian demasiado. “Lo nuestro es un trabajo coral”, señalan fuentes de Compromís. “Tenemos las broncas cotidianas”, indica otra fuente socialista.

Sí hay diferencias en la gestión. Las últimas han sido para la aprobación de un decreto que acelere la implantación de energías renovables y la aprobación de una tasa turística. Ninguno difiere en el fondo, aunque sí en las formas y los tiempos, al igual que pasó con la fórmula para la reversión del hospital de Torrevieja y su devolución a la red pública tras la privatización que implantó el PP. “Son rendijas”, apuntan fuentes socialistas que sí admiten, sin embargo, discrepancias en la estrategia con la que Oltra afronta el proceso judicial en el que está implicada. El argumento de la vicepresidenta de tildar el caso de “cacería política” promovida por la extrema derecha “no es la correcta”, sostienen estas fuentes. “Ese razonamiento sirve para ganar la batalla con los tuyos, pero no con la sociedad”, afirman. Sin embargo, en Compromís ni siquiera molesta esta crítica. “Nos tratamos de igual a igual”, resumen fuentes del partido.

Tensión en el Ayuntamiento

La convivencia entre los partidos del Gobierno valenciano ha vivido tiempos mucho peores. Más tenso es el gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Valencia, en el que ni socialistas ni Compromís guardan las formas. El acuerdo municipal tampoco peligra, al menos, hasta las próximas elecciones pero unos y otros se han lanzado puyas más propias de una relación entre Gobierno y oposición que entre socios. Para muestra, en una entrevista publicada en EL PAÍS, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV) aseguró: “Como partido solo nos debemos a la gestión de la ciudad; por tanto, siempre que tengamos que defender ese interés general será sin miedo, frente a la oposición o a nuestro socio de Compromís”.

El penúltimo desencuentro surgió a raíz de un comentario del mismo alcalde, Joan Ribó (Compromís), que en marzo declaró que la guerra de Ucrania y la crisis económica no le estimulaban a presentarse a la reelección. La vicealcaldesa contestó apelando a la necesidad de “liderazgos fuertes, que quieran serlo”. La reacción del diputado y compañero de partido de Ribó, Joan Baldoví, fue: “Sandra Gómez. ¿Quién es Sandra Gómez?”.