Castellón salva a tres franquistas de su callejero porque no fueron parte activa de la represión
El Ayuntamiento castellonense alegará al catálogo de la Generalitat valenciana de vestigios de la dictadura que serán retirados del espacio público
Castellón peleará por conservar el nombre de tres calles que recuerdan a personajes del franquismo porque no formaron parte activa en la represión del régimen y para poner en valor sus aportaciones a la sociedad castellonense . El Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura, elaborado por la Consejería de Calidad Democrática de la Generalitat valenciana para borrar la simbología franquista del espacio público, ponía el foco sobre nueve viales de la capital castellonense pero el Ayuntamiento no está conforme con la elección de tres de ellas y alegará para que se excluyan del listado. Son las calles del Doctor Clará, de Segarra Vives, y del Doctor Vicente Altava.
El Ayuntamiento, en manos de una coalición formada por el PSPV, Compromís y Podemos-EUPV, argumenta su solicitud: el doctor Clará fue uno de los impulsores del Hospital Provincial de Castellón; Segarra Ribes creó el pregón de las fiestas de la Magdalena; y el doctor Vicente Altava fue médico, investigador, concejal de la ciudad y “participante en las comisiones de depuración de comadronas”, según recoge un informe del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castellón (GRMHCS)
El Consistorio comunicará al Consell su decisión “considerando la existencia de acuerdos municipales, investigaciones histórico-científicas y publicaciones de diferentes instituciones” que avalan “la no participación activa en la represión de estos tres personajes, “a fin de defender y poner en valor sus aportaciones a la sociedad de Castellón”.
Sobre el caso de Segarra Ribes, la concejala de Memoria Democrática de la ciudad, Verónica Ruiz, indica que no consta “en ningún documento, acta municipal o cualquier otro documento objetivo, que ejerciera ningún tipo de represión político-ideológica, ni formara parte de ninguna comisión de depuración de funcionarios municipales”. Tampoco que firmara ningún documento que apoyara a la represión ideológica ejercida por los gobiernos franquistas.
Del doctor Vicente Altava, detalla Ruiz que, “a pesar de que fue instructor del comité de depuración de matronas en los años 1941 y 1942″, en dicho periodo “ninguna de ellas fue sancionada”. También alega que, aunque durante su mandato como presidente del Colegio de Médicos de Castellón —entre 1943 y 1945— lideró el comité de depuración de médicos, “no existe ningún expediente sancionador inculpatorio” de ninguno de ellos.
Sobre el médico José Clará, el informe del colectivo memorialista apela a su labor como cirujano, forense e inspector de Sanidad, y a su impulso del Hospital Provincial. Su faceta política se centra en su etapa de regidor de Castellón de 1939 a 1946.
El gobierno de la ciudad desiste de salvaguardar la nomenclatura de otras tres calles de la ciudad porque son “personas de las cuales hay constancia que participaron activamente en comisiones de depuración de trabajadores municipales y personal médico durante la dictadura”, sostiene. En este grupo están las vías a Lluís Revest, Sánchez Gozalbo y Traver Tomás, que el Consistorio estudió incluir en sus alegaciones a la Generalitat, apelando a sus méritos en los campos de la ciencia y la cultura. Cinco meses después, y tras el análisis de la documentación que corrobora que “formaron parte de la represión franquista”, el Ayuntamiento los ha vetado en su callejero.
Estos tres nombres se añaden a los que se retirarán definitivamente por su vinculación directa con el régimen golpista: son las calles dedicadas al militar Santos Vivanco, al ministro Herrero Tejedor y al político Carlos Fabra Andrés, que serán reemplazadas por la escritora Isabel-Clara Simó, la artista Beatriz Guttmann, y el joven asesinado por el fascismo en Montanejos, Guillem Agulló.
Inicialmente fueron nueve los nombres a debate en Castellón tras la publicación del catálogo del Gobierno valenciano, que ha censado 74 elementos pendientes de retirar en la provincia, 21 en la capital. El Consell lo entregó a los ayuntamientos para que alegasen y ultimar una propuesta previa al borrado.
