La Audiencia de Valencia archiva la causa del pitufeo contra 13 de los 49 exconcejales y exasesores del PP investigados

La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado los recursos de 13 exconcejales y exasesores del Grupo Municipal del PP de Valencia acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales y ha archivado provisionalmente la causa contra ellos ante la “notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito”, recoge la resolución judicial. Este es el primero de los autos que van a ir resolviendo todos los recursos presentados contra el procesamiento de hasta 49 personas, según ha remarcado el PP valenciano.

El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, dictó el pasado mes de octubre un auto de procesamiento contra 49 exconcejales y exasesores de la que fuera alcaldesa de la ciudad Rita Barberá [fallecida en 2016], del PP, acusados de un delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Ediles y asesores del grupo municipal del PP recibieron presuntamente dinero negro del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta del partido para sufragar las elecciones locales de 2015, indicaba el auto.

Esos 1.000 euros se ingresaban como donativo en la cuenta que gestionaba la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, que administraba esos recursos, y luego eran devueltos presuntamente en dos billetes de 500, procedentes de dinero negro supuestamente “recaudado” por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, según el auto. De esta forma quedaba blanqueado.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido hasta 15 años de prisión para los más destacados miembros del equipo de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por blanqueo, cohecho y prevaricación en este caso. Anticorrupción también ve al Partido Popular de Valencia responsable del delito de blanqueo. Entre los procesados se encuentran el vicealcalde Alfonso Grau y la concejala María del Carmen García Fuster, así como otros 47 ediles y empleados del PP municipal.

Varios de los exediles procesados apelaron contra esa decisión alegando que los hechos probados fueron “confeccionados sin contar con el respaldo indiciario suficiente que dé cobertura a los elementos objetivos y subjetivos propios de la infracción delictiva”. Y la Audiencia, tras repasar el auto de apertura de procedimiento abreviado contra los exconcejales y exasesores y alumbrar las contradicciones que halla en él, asevera que esa decisión de octubre “se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en el de la posibilidad de que haya sucedido el delito, sea en sentido positivo o negativo”.

También carga contra el hecho de que se hayan aceptado como pruebas dos conversaciones de un grupo de Whatsapp (“una con generalidades respecto al cobro de dinero negro” y otra que alude al entonces presidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus), así como unas testificales de exasesores del grupo municipal con suposiciones sobre la donación.

El auto de la Audiencia también alude a la grabación de una conversación telefónica entre la exconcejal y esposa de Grau María José Alcón (ya fallecida) con su hijo donde solo hay “una suposición”, y a la denuncia anónima en Fiscalía que dio lugar a la investigación policial y judicial pero que “carece de valor alguno según reiterada jurisprudencia”.

“En modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado”, razona la Sala, que estima así el recurso de apelación presentado por trece de los 49 procesados y revoca la resolución del juzgado.

La causa se ha archivado contra los exconcejales María Jesús Puchalt, Francisco Lledó, Vicente Igual, Silvestre Senent, Lourdes Bernal, Félix Crespo y Beatriz Simón, así como a otros seis exasesores y empleados del PP.

Reacción de los populares

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha manifestado su satisfacción por el sobreseimiento de la causa: “Estamos muy satisfechos. Hoy se ha hecho Justicia. Siempre hemos mostrado nuestro máximo respeto y prudencia a los tiempos de los procesos judiciales. Y lo seguiremos haciendo. El tiempo pone las cosas y a las personas en su sitio. Hay que evitar juicios paralelos que vulneran la presunción de inocencia, como los que se han producido en este caso” ha afirmado la secretaria General del PPCV, María José Catalá.

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia asegura que este es el primero de los autos que van a ir resolviendo todos los recursos presentados contra el procesamiento de hasta 49 personas entre exediles y asesores del grupo.