El Supremo vacía de contenido la oficina valenciana de Derechos Lingüísticos
La entidad no podrá tramitar reclamaciones o sugerencias hasta que regule un nuevo procedimiento y sus dictámenes puedan ser recurridos
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad parcial del decreto de la Generalitat Valenciana que regula la Oficina valenciana de Derechos Lingüísticos, como ya falló en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La resolución impide a partir de ahora a la Oficina tramitar reclamaciones o sugerencias sobre la lengua hasta que cambie su procedimiento, con lo que queda vaciada de gran parte de sus funciones, pero podrá seguir asesorando a personas, instituciones o entidades que lo pidan, asegura la Generalitat.
La Oficina, creada en 2017, se encarga de garantizar los derechos lingüísticos de los valencianos, amparando y protegiendo el uso de las lenguas oficiales reconocidas en el Estatuto de Autonomía: valenciano y castellano. Entre sus funciones está recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos y las sugerencias de la ciudadanía, y responder a ellas. También atiende las consultas que la ciudadanía formule con respecto a los derechos lingüísticos y la normativa que los ampara, para ofrecerles información y asesoramiento legal.
El tribunal valenciano estimó parcialmente un recurso contra el citado decreto, interpuesto por el PP y la Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana. Y ahora el Supremo coincide con el TSJCV en que la regulación que la norma hace de las actuaciones de la Oficina en materia de reclamaciones y sugerencias no es conforme a derecho porque no se considera un acto administrativo y, por tanto, no puede ser recurrido o impugnado. “Ello es claramente contrario a los principios de seguridad jurídica”, recoge la resolución.
La Generalitat valenciana, por el contrario, explican las fuentes jurídicas, mantenía que las reclamaciones y sugerencias reguladas en el decreto no constituían actos administrativos, lo que excluía la necesidad de quedar sujetas a procedimiento administrativo, siendo innecesario por tanto la regulación por ley. Añadía que la intervención de la oficina en materia de reclamaciones y sugerencias era una “actuación/función de mediación-asesoramiento” que no genera actos administrativos ni exige la existencia de un procedimiento administrativo.
El Supremo no comparte esa argumentación: “Nos encontramos con que la Oficina recibe una denuncia (pero también puede actuar de oficio por conocimiento propio), inicia un expediente informativo para investigar unos hechos, califica los hechos como vulneradores o no de los derechos lingüísticos, actúa frente a terceros públicos y privados si aprecia esa vulneración, y da una respuesta que se notifica al interesado afectado en la misma forma que los actos administrativos”.
El alto tribunal destaca que no puede olvidarse cómo el preámbulo del decreto de creación de la entidad pública justifica su creación afirmando que responde a “la necesidad de que los poderes públicos pongan al alcance de la ciudadanía un recurso de carácter institucional especializado en la atención de casos de discriminación en materia lingüística, que sirva de canal para corregir los hechos objeto de denuncia y que, al mismo tiempo, ayude a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial”.
El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, se ha mostrado satisfecho con la resolución del Supremo. “Los valencianos no necesitamos una policía lingüística, como la que quería imponer [el presidente valenciano ] Ximo Puig, que nos vigile y que imponga la agenda catalanista en nuestra Comunidad porque nosotros defendemos el bilingüismo activo y seguiremos trabajando, desde el sentido común y la protección de la legalidad, por la cooficialidad de castellano y valenciano en esta Comunitat”. La Oficina, según aparece en la Memoria de 2018 [la última publicada en la web de la Generalitat] atiende quejas referidas tanto al valenciano como al castellano.
El director general de Política Lingüística de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano, ha asegurado que respeta la sentencia del Supremo pero no la comparte. “Desde la Generalitat continuaremos buscando fórmulas para que los derechos lingüísticos de la ciudadanía estén garantizados. La Oficina continua; se anula el procedimiento y buscaremos fórmulas para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía”.
