Rubén Trenzano afirma que se controlaron las ayudas públicas a empresas del hermano de Puig

El director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, ha asegurado este martes en el juicio celebrado en la Audiencia de Valencia por un delito de falsedad documental, del que le acusa la diputada del PP Eva Ortiz, por asegurarle en una carta que se fiscalizaron las ayudas públicas a la promoción del valenciano concedidas a dos empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, en 2015 y 2016, que “a día de hoy mis técnicos [de la Consejería de Educación] siguen diciendo lo mismo que decían entonces y es que la carta es veraz”. Es decir, se comprobaron que las actuaciones eran correctas y no se detectaron irregularidades.

La diputada del PP envió a Trenzano una carta, fechada el 27 de febrero de 2018, en la que advertía de algunas anomalías en la concesión de estas ayudas —por 56.825 y 23.234 euros—, aunque no precisaba cuáles, según ha declarado hoy el director general, que respondió entonces al PP con otro escrito, del 6 de abril, en el que aseguraba que no encontraron ninguna irregularidad. El cargo público ha insistido en que él firmó la carta el documento asistido y asesorado por los técnicos de la Consejería. La acusación popular pide seis años de cárcel para Trenzano, así como otros seis años de inhabilitación y 24 meses de multa.

Los técnicos que han comparecido como testigos —el jefe de servicio, la subdirectora y las funcionarias que revisaron los expedientes— han declarado que hicieron en su día las comprobaciones administrativas. Y todos ellos han confirmado que después de la valoración, la ayuda es supervisada por la Intervención delegada. Posteriormente, en la fase de justificación de las ayudas, se adjuntan además la prueba material o muestra de que la actividad subvencionada se ha realizado (emisiones de radio en valenciano, artículos publicados, etcétera). Y esta última también se comprobó.

La Consejería de Educación aprobó además en 2017 la aplicación de un plan de control de las subvenciones públicas que concede Educación, adicional a los habituales administrativos, que se hacía a las empresas aleatoriamente y que podía ejercerse en un plazo de cuatro años. Posteriormente, en 2018, tras la denuncia de la diputada Eva Ortiz, se implantó otro posterior en el cual se ampliaba la inspección o fiscalización adicional a los expedientes considerados de riesgo, como era el caso de las ayudas al hermano Puig por el revuelo político que provocó.

En el turno de conclusiones, el fiscal ha recapitulado que se comprobó que la justificación de los gastos se hicieron en el plazo, que los funcionarios hicieron una primera comprobación de gastos en los años 2015 y 2016; y una segunda en 2018. Y para el plan de control extraordinario había cuatro años más de tiempo; en todo caso, Ortiz preguntaba en su carta por controles no por “todos los controles” posibles a los que se sometieron las subvenciones, de ahí que no pueda argumentarse la falsedad, según el fiscal.

El ministerio público, que pide la absolución para el alto cargo, ha solicitado la imposición de costas a Ortiz por “mala fe” y “por litigar con temeridad manifiesta”, una petición a la que se ha sumado la abogada de Trenzano. “Se ha tergiversado la causa y se le ha ocasionado un daño al señor Trenzano”, durante los tres años que se ha prolongado el proceso, ha añadido su defensora, que solicita también la absolución.

El abogado de la acusación ha insistido, por el contrario, en que el director general de la Generalitat sabía que lo contenido en la carta en la que responde a la diputada del PP y que firma, “era falso y era así porque dos meses después puso en marcha un plan de control”.

Anulación de la vista

Ortiz denunció a Trenzano en 2018 por supuestamente “mentir” cuando aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano adjudicadas a las dos empresas de Morella. El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, encargado del caso en una primera instancia, sobreseyó la denuncia del PP al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse “en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política”, cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa, no la penal.

Los populares recurrieron el archivo y la Audiencia de Valencia decidió en junio de 2019 reabrir el caso que ha culminado con la vista oral de este martes en la Sección 5ª. En las cuestiones previas del juicio, la Fiscalía considera que los hechos denunciados no constituyen delito alguno mientras la defensa del cargo público ha solicitado primero la nulidad de la vista —que se ha descartado finalmente— y ha circunscrito la cuestión, no a un interés público, sino político.

El director general ha respondido a las preguntas del fiscal y de su defensa pero ha declinado contestar a la acción popular porque, según ha dicho, ya lo hizo en el anterior procedimiento de instrucción.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia, Trenzano, acompañado de la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, ha defendido que actuó “desde la legalidad, el compromiso con la administración pública y el trabajo constante de la Consejería” y ha expresado su confianza en la justicia, y en la independencia y profesionalidad de esta.

Las irregularidades que se le imputan “nunca las he cometido”, ha asegurado Trenzano, para insistir en que siempre trabaja “desde la transparencia, apoyado por técnicos funcionarios que se dejan la piel día a día y para ofrecer un buen servicio público a los ciudadanos”.