El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará de nuevo en el banquillo, ocho años después de ser condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal. En aquella condena se le impuso además una multa que debía pagar a Hacienda. Ahora se le juzgará por ocultar su patrimonio con el fin de eludir el pago de esa sanción. Además, se le acusa de blanqueo de capitales y cohecho. Anticorrupción pide para él 12 años de cárcel. El juez impone además, en concepto de responsabilidad civil, una fianza de 1,3 millones de euros a Fabra y otros siete acusados y seis empresas que, según la investigación, participaron en la trama diseñada por el exdirigente del PP.

El juez sienta también en el banquillo a los empresarios Fernando Roig, por cohecho y por ayudar a Fabra para que no se pudiera ejecutar la sentencia, y a Enrique Gimeno, por cohecho. Para el primero, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años y siete meses de cárcel. Para el segundo ―presidente de Facsa, empresa de gestión del agua― pide nueve meses de prisión. Ambos entregaron dinero a Fabra y, según el juez, hay indicios de que lo hicieron por su posición política. La Audiencia de Castellón será el tribunal encargado del juicio.

Carlos Fabra, que ha vuelto a la actualidad política por participar en el proceso de recogida de avales para una de las candidatas a presidir el PP de Castellón, nunca acabó de pagar la multa de 1,3 millones de euros que le impusieron los tribunales por fraude fiscal. Debía cerca de un millón de euros, pero, según la investigación, entre 2007 y 2017 el exdirigente del PP manejó mucho dinero. “La aparente situación de penuria económica es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, consta haber utilizado por un montante de 2,6 millones de euros”, señalaron tanto el juez como el fiscal. Además, el exdirigente del PP recibió una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos. En total ingresó algo más de 3,5 millones, de los que solo consta la devolución de 570.000. La mayoría no han sido devueltos ni reclamados y, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, son realmente “donaciones en consideración de sus cargos y por su influencia política”. Tampoco existía penuria en su entorno familiar. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), los abonos brutos de la actividad bancaria de Fabra, su familia y sociedades vinculadas ascendieron a 26 millones de euros, cantidades “no aplicadas finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.

El fraude para eludir el pago de la multa precisó de una completa “trama económica, financiera y contable” que, según el fiscal delegado de Anticorrupción en Castellón, tenía una doble finalidad: “Por un lado ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Carlos Fabra a los efectos de evitar los embargos por sus deudas tributarias y judiciales y, por otro, canalizar los fondos de procedencia ilícita, tanto del dinero en efectivo como los abonos a cuenta”. Para ello no solo utilizó a su esposa, María de los Desamparados Fernández, dos de sus hijos, Borja y Claudia y a su yerno, Fernando Castro, que también se sentarán en el banquillo, sino también un entramado de empresas y cuentas para establecer un flujo circular de unos mismos fondos.