El Cercle d’Economia reclama un mayor control sobre la inmigración: reducir el número y perfiles más calificados

La llegada de 2,1 millones de personas es el hecho más relevante que ha experimentado Cataluña en un cuarto de siglo porque afecta a todo: al modelo económico, pero también a “la cohesión social, la sostenibilidad del estado del bienestar y la calidad del debate demográfico”, constata el Cercle d’Economia en un informe en el que urge a los gobiernos, español y catalán, a “articular una verdadera política migratoria” que, hasta ahora, no ha existido, ya que entre otras cosas la inmigración “no ha sido un elemento central de la agenda pública”. Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle, destaca que “la inmigración es una de las cuestiones más determinantes para el presente y el futuro de Cataluña y España” y considera que el tema “no se puede abordar desde una visión simplista y reactiva”. Miquel Nadal, director general del Cercle, considera que “a futuro necesitamos más inmigración, pero el debate no se puede quedar aquí” y destaca que “cómo sea la composición de esa inmigración no está escrito, depende de una serie de decisiones que se pueden tomar”. Sin acertar con esas decisiones, advierte Nadal, “será muy difícil gobernar ese fenómeno”.

Crecimiento económico e inmigración “están interconectados”, subraya el Cercle, y constata el impacto positivo que tiene en el PIB el fenómeno migratorio, pero la otra cara de la moneda es que se ha perpetuado un modelo basado en el crecimiento “extensivo” y en la baja productividad y los bajos salarios. Por eso, el dictamen, presentado este jueves, aboga por repensar ese modelo, apostar por perfiles más cualificados y, a la vez, pide “una inmigración más moderada en volumen, más ordenada y alineada con las necesidades y las capacidades del país”.

El Cercle niega que se trate de aplicar un modelo de “inmigración a la carta” sino de reconfigurar la política migratoria porque Cataluña ha crecido cinco veces más rápido en inmigración que la media europea y la velocidad del proceso migratorio “tensa las capacidades de acogida”. Garcia-Milà apela a la necesidad de “establecer de manera clara el marco de derechos y deberes” como garantía para incentivar la integración de los inmigrantes. El Cercle dice abordar el asunto con “voluntad constructiva pero también desde el rigor y la evidencia”.

Las “oleadas” migratorias de estos 25 años, en los que Cataluña ha pasado de seis a 8,1 millones de habitantes, “han tenido efectos positivos indiscutibles” en la economía de una sociedad “envejecida” y lastrada por la caída de la natalidad. Pero la llegada masiva de personas del extranjero, constata el Cercle, “no ha estado exenta de problemas”. La inmigración ha sido, al mismo tiempo, “consecuencia y motor” de cierto modelo económico que ha permitido incrementar el PIB, pero ha generado “beneficios muy limitados en renta por cápita” y, de hecho, una “pérdida de posiciones relativas en el contexto europeo”. Este modelo de “perfiles de baja cualificación”, que perciben bajos salarios (que por tanto pagan menos impuestos) y baja productividad difícilmente puede sostener, a medio y largo plazo, el estado del bienestar, según las conclusiones del informe. El informe pide “revisar críticamente” ese “patrón de crecimiento”.

La “rapidez” con que se ha producido este proceso migratorio, único en Europa occidental (el 25% de los habitantes de Cataluña ha nacido en el extranjero), ha tensionado el mercado de la vivienda (marcado por una escasez de oferta) y también los servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad. El Cercle apunta que el aumento de la mano de obra disponible “puede presionar a la baja los salarios”, lo que afecta especialmente a los trabajadores autóctonos de menor cualificación. Estudios anteriores citados por el sociólogo holandés Hein De Haas en su libro Los mitos de la inmigración, señalan sin embargo que esa incidencia en los salarios es mínima o irrelevante, ya que extranjeros y autóctonos no compiten por los mismos puestos de trabajo.

Todas esas circunstancias, en cualquier caso, han tenido mayor impacto “sobre los colectivos con menos recursos”, lo que ha “alimentado la percepción social” de que autóctonos y extranjeros compiten por unos mismos servicios que ya de por sí son escasos. Y esa ha sido, viene a decir la institución, la puerta por la que se ha colado en el debate público la extrema derecha, que ha sido capaz de “capitalizar el malestar social” y, al mismo tiempo, ha “alimentado la polarización política”.

El auge de partidos como Vox o Aliança (el informe no los cita de forma explícita) es consecuencia en parte del vacío dejado por los gobiernos a la hora de abordar con seriedad el problema. La gestión de la inmigración “presenta disfunciones estructurales evidentes”, entre otras cosas porque España “no ha tenido nunca una verdadera política migratoria”, sino que ha actuado de forma “reactiva”. Un ejemplo de ello es la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que el Cercle ve “necesaria” pero, también, “la constatación de un fracaso”. El Cercle no tiene todas las respuestas. Admite, en línea con los empresarios, que en un futuro próximo la inmigración “continuará siendo necesaria”. Pero pide a los gobiernos que incidan en “el volumen y la composición” de esas llegadas, que “no son variables exógenas que no se puedan controlar”. Seguir igual que hasta ahora “dificulta el cambio de modelo económico que el país necesita”.

La economía, añaden, no lo es todo. La cohesión social es esencial, y para ello hay que garantizar que se garantizan los derechos (trabajo, educación, sanidad, vivienda). Hay que hacer, en resumen, “que el ascensor social funcione”. Pero también hay que exigir “deberes” y eso pasa por “el conocimiento y uso de la lengua catalana” y “la asunción de valores democráticos básicos”. El Cercle añade que, en Cataluña, “la preocupación por la preservación de algunos rasgos de su identidad es parte importante del debate” y añade que el catalán “ha de ser un elemento clave”, así como la capacidad de asegurar “la integración de la segunda generación”, o sea de los hijos de los inmigrantes.