El Gobierno avisa de que el veto a la compra de pisos para invertir precisa de una regulación europea

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha advertido este jueves de que es necesaria una regulación europea previa para blindar jurídicamente la prohibición a la compra especulativa de pisos. En una entrevista en 3CatInfo, Lucas ha asegurado que una norma que surja desde la Generalitat o el Gobierno no sería suficiente para evitar una colisión directa contra los derechos y los tratados comunitarios, por lo que ha defendido la necesidad de que exista esa regulación comunitaria.

El Govern de Salvador Illa ha creado una comisión con los comunes para estudiar fórmulas que puedan poner freno a ese veto. De hecho, el grupo de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona condicionó el voto a los presupuestos, que no prosperaron, a prohibir la compra especulativa. Janet Sanz, líder de ese grupo municipal, esgrimió que cuentan con un informe jurídico, encargado a través del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), que avala esa prohibición. Lucas ha alertado, sin embargo, que no pueden establecer todas las medidas que les gustaría poner en marcha. “El Estado español tiene unos tratados firmados con la UE y tenemos que salvaguardar la libertad de circulación de personas y la de capitales”, afirmó.

Lucas ha agregado que es “imprescindible” que la Comisión Europea pueda tomar cartas en el asunto. El Gobierno está estudiando las medidas que han tomado otros países y Lucas se ha referido al caso de Países Bajos, que no ha podido imponer el veto, pero sí sancionar a quien alquila un piso antes de que pasen cuatro años de la adquisición. Con todo, antes de aplicar una norma como la de ese país, el Gobierno prefiere aguardar, por seguridad jurídica, a que haya una regulación europea.

Por otro lado, el Gobierno planea invertir 76 millones de euros anuales para ayudar a los propietarios que quieran alquilar pisos a jóvenes y personas vulnerables para incentivar que se arrienda a quien tiene necesidad. Esta era una de las reivindicaciones que hizo Junts per Catalunya al Ejecutivo.