Pobres de solemnidad

Dos recientes informes sobre la situación social en Cataluña ofrecen datos más que preocupantes: la pobreza material severa se cronifica. La tasa de paro no supera el 8% y, sin embargo, casi 700.000 personas, un 8,6% de la población, está en situación de privación material y social severa. De acuerdo con los objetivos y previsiones de la agenda 2030 —en la que Vox y sus aliados ven una suerte de plan quinquenal bolchevique— la población en riesgo de exclusión social en Cataluña debería rondar el 13,5% en la actualidad y, en realidad, está en el 20,5%. Crece la economía, se reduce el desempleo, pero se cronifica y aumenta la pobreza. Lo dicen tanto el informe de la agencia de la Generalitat Ivàlua como el de la European Anti-Poverty Network, que agrupa a 19 redes autonómicas y a 23 entidades de ámbito estatal. Ni el mercado de trabajo ni el modelo productivo se presentan como herramientas disponibles para revertir esta situación. Tal vez la Constitución debería actualizar la figura del pobre de solemnidad, ya contemplada en el siglo XIX.

Los gobiernos progresistas tratan de paliar estas situaciones, pero fracasan repetidamente. Pasó con el Ejecutivo de Esquerra y pasa ahora con el del PSC. Los datos muestran la ineficacia de la izquierda en ese combate. Los malintencionados ven trasfondo electoral, pues —arguyen— los más pobres son un segmento de población que acude poco a las urnas. El caso es que, en 2025, con casi 700.000 personas situación de en pobreza material severa, solo hay 136.343 beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) como prestación íntegra o complementaria.

Es como si las administraciones no se acabaran de creer que la RGC es un derecho subjetivo, es decir, de obligado cumplimiento cuando el solicitante sigue las condiciones fijadas por la ley. Y convierten su percepción en una carrera de obstáculos propiciada por la maraña burocrática.

Ahora el Gobierno de Salvador Illa ha elevado de cuatro a ocho meses el plazo para determinar si procede o no la concesión de la RGC. Y lo ha hecho mediante resolución de 13 de octubre de 2025, contra la que “no se puede presentar ningún recurso”. Los promotores de la renta garantizada ­—una iniciativa popular respaldada por unanimidad por el Parlament en 2017— consideran que la medida incumple la letra y el espíritu de la ley y han remitido una carta a los grupos parlamentarios para revertir la resolución de la Dirección General de Prestaciones Sociales.

Cataluña tiene a un 24% de la población bajo el umbral de la pobreza, con 167.000 menores de edad en privación material severa. El gasto medio en Cataluña por cuota hipotecaria en 2024 fue de 688 euros mensuales, mientras que el del alquiler ascendió a 731 euros. Es decir, a una persona que vive como arrendatario y cobra 778,49 euros al mes de RGC le quedan 47 euros para gastos. Si el hogar es de cinco personas, la prestación puede llegar a 1.416,86 euros, con lo que disponen de 137 euros per cápita para llegar a fin de mes. Son prestaciones cuasi esperpénticas, que solo cubren al 20,8% de quienes están en situación de pobreza material severa. Pero, aun así, se regatean.

Todo ello lleva a una inevitable reflexión: cuando hablamos de rebajar o suprimir impuestos —como hace la derecha catalana o española— se prescinde de quienes se quedan por el camino. La lucha contra la pobreza profunda requiere políticas audaces, también en el terreno del mercado de trabajo y del modelo productivo. Es un guante difícil de recoger, pues hay elecciones al menos cada cuatro años y los partidos precisan golpes de efecto inmediatos. Mientras lo nuevo no nace —ni se le espera— y lo viejo se resiste a morir, la derecha populista está atenta a rebañar el plato del descontento.