La Generalitat resucita la oficina de víctimas del terrorismo 13 años después de que la cerrara Mas

La Generalitat ha resucitado, 13 años después de su cierre, la oficina de atención a las víctimas del terrorismo. La consejera de Interior, Núria Parlon, presenta este viernes un servicio que las asociaciones de víctimas llevaban años reclamando después de que el expresidente de la Generalitat Artur Mas lo clausurara en 2012 como parte de la política de austeridad desatada tras la crisis económica. La falta de apoyo de la Administración se puso en evidencia ante los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que costaron la vida a 16 personas y dejaron casi 500 afectados, entre personas heridas y con secuelas psicológicas. Las víctimas se han sentido desatendidas por el Estado y por la Generalitat, tal como reconoció la sentencia judicial de los atentados, y solo la iniciativa voluntariosa de particulares les brindó apoyo cuando más lo necesitaban.

La nueva oficina, bautizada con el nombre de Servei d’Atenció i Suport a les persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT) tiene como objetivo dar una “respuesta institucional clara” a las necesidades de las personas afectadas por el terrorismo, que “han de hacer frente a menudo a procesos de recuperación complejos que se pueden prolongar durante años”, según el acta de presentación del evento que se celebrará este viernes en el Departamento de Interior, y que asistirán expertos en terrorismo, además de víctimas y familiares.

El Gobierno tripartito (formado por PSC, Esquerra e Iniciativa) creó en 2010 una oficina de atención a la víctima que acabó cerrando puertas apenas dos años más tarde, con CiU al frente de la Generalitat, y en plena época de recortes en el gasto público auspiciados por el presidente Artur Mas. Robert Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor (Barcelona) y un histórico en la lucha por los derechos de las víctimas de atentados, fue una de las caras visibles para reivindicar el retorno de un servicio público.

La necesidad de que la Administración tomara las riendas en la atención a las víctimas, como ya ocurre en otras autonomías, se volvió acuciante tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. La sentencia que condenó a tres de los miembros de la célula yihadista de Ripoll (Girona) estableció que las víctimas habían sido “las grandes olvidadas” del proceso, ya que no se había hecho un recuento sistemático de su número y, por tanto, muchas habían quedado sin la protección requerida.

Fueron Manrique y su equipo, a través de la Unidad de Atención a Víctimas (UAVAT) quienes, entre la ausencia de la Generalitat y la mala gestión del Ministerio del Interior, llevó las riendas en el acompañamiento y localización de víctimas. Pero UAVAT tuvo que echar el cierre en 2023, cansados sus miembros, todos voluntarios, de suplir como buenamente podían una labor que corresponde a los poderes públicos. La entidad y las víctimas, sin embargo, nunca perdieron la esperanza de que se reabriera la oficina, tal como finalmente ha ocurrido.

Tras años de silencio, la voluntad política para resucitar la oficina se puso en marcha durante el homenaje en La Rambla de Barcelona en 2024, en el séptimo aniversario de la masacre. Las víctimas distribuyeron un escrito a la treintena de políticos presentes en el homenaje para denunciar la pasividad de la Administración y recordarle sus reivindicaciones: además de la reapertura de la oficina, una normativa autonómica propia de atención a víctimas (como la que tienen otras comunidades); un protocolo de actuación postatentado; y la creación de un centro de memoria histórica sobre el terrorismo.