El transporte escolar no obligatorio en Cataluña agoniza por la falta de fondos de la Generalitat
Este curso han desaparecido varias líneas urbanas y para el próximo peligran varias más, mientras el Departamento prepara un nuevo decreto para regular el servicio


Desde hace años, Agustina dejaba a sus niños en la parada del autobús escolar en Cerdanyola del Vallès, que los llevaba hasta la escuela Bellaterra, ubicada dentro del campus de la Universidad Autónoma. Pero este curso el transporte escolar se ha eliminado y debe coger el coche. “Estamos a 2,5 kilómetros de la escuela y tardamos más de media hora. A esa hora es horroroso por el tráfico de la universidad y el centenar de coches más de familias que antes usaban el bus”, explica esta madre. Hace una década que la escuela vivía con la amenaza de la supresión del bus escolar, que finalmente se ha hecho efectiva este curso. Pero el caso de Bellaterra no es único. Lo mismo ha sucedido en una de Sant Cugat del Vallès y dos de Vic.
Todas las líneas suprimidas corresponden al llamado transporte escolar no obligatorio (en que el alumno se traslada a una escuela ubicada en su mismo municipio), un servicio que está en peligro por su elevado coste -desde la pandemia se ha encarecido notablemente- y la falta de recursos de la Generalitat para asumirlo. De hecho, el president Salvador Illa ya ha avisado a los departamentos que deben reducir el gasto corriente. “Ante el incremento significativo de los costes asociados a los servicios y con la prórroga presupuestaria, las administraciones implicadas hemos establecido como prioritario el transporte obligatorio [la escuela está en un municipio diferente al domicilio] y el de educación especial”, justifica el Departamento de Educación en una carta enviada a las familias de la escuela Bellaterra.
Para soltar lastre de este servicio no obligatorio, la Generalitat está aprovechando el momento de renovación de las licitaciones para suprimir las líneas. Y también está recordando a los municipios de más de 50.000 habitantes -como es el caso de Cerdanyola del Vallès- que tienen la obligación de garantizar el transporte público de viajeros. Otro argumento dado en el caso de Bellaterra es la lucha contra la segregación escolar, asegurando que el transporte contribuía en la elitización del colegio. “Existe una desigualdad por el hecho que hay un único centro público que dispone de un servicio exclusivo y discrecional”, añade Educación. Las familias replican este argumento: “El hecho de no tener autobús segrega más porque ahora a la escuela solo pueden venir las familias que disponen de coche, no hay un acceso igualitario al centro”, remata Agustina.
El argumento de la segregación, aunque con un tono muy diferente, también ha sido usado en Vic para suprimir el transporte escolar no obligatorio en las escuelas Petit Miquel y Guillem de Montrodon. Y para el próximo año peligran en dos centros más: Andersen y Sentfores (aunque el Ayuntamiento asegura que las mantendrá, el Departamento tiene planes de eliminarlas). Vic estableció hace más de una década un modelo pionero de zona escolar única para repartir de forma equitativa a los alumnos vulnerables, pero para facilitar la movilidad se implantó un servicio gratuito de bus escolar. El Ayuntamiento ve como “una anomalía” que esta medida solo la tengan actualmente cuatro de las 11 escuelas públicas y considera que “las políticas tienen que evolucionar y ajustarse al contexto”. “Las familias ordinarias pagan, los vulnerables no, pero el Departamento no revisa si los vulnerables han cambiado de situación. Además, estos niños pueden ahora viajar gratis con la T-16 en los buses urbanos. El servicio cuesta unos 500.000 euros anuales y creemos que el bus escolar no es prioritario, hay otras necesidades más importantes en las escuelas”, defiende Núria Homs, concejala de Bienestar y Familia de Vic.
Aunque el Ayuntamiento no asume este coste -lo paga la Generalitat y las familias- y el transporte escolar no es competencia suya, pidió a Educación la supresión de las líneas, cosa que el Departamento aceptó “porque iba en la línea de ordenar el servicio”, asegura Educación.
Otra escuela afectada es La Floresta en Sant Cugat del Vallès, donde el servicio desapareció en septiembre. El Ayuntamiento asegura que era la única línea de transporte no obligatorio que quedaba y que cada año perdía usuarios, hasta llegar a menos de una decena. También admite que no podía mantener su parte de su financiación por la “situación de déficit y de tutela de la Generalitat” del Consistorio.
Coste disparado
El fuerte encarecimiento del servicio ha llevado al Departamento a replantear la continuidad de las líneas, aprovechando la caducidad de los contratos. En su web, Educación publica el drama de las cifras: el curso pasado el transporte no obligatorio supuso una inversión de 22,6 millones de euros para 17.000 alumnos; ambas cifras se han incrementado en los últimos años, de manera que, mirando el coste por alumno, el importe se ha disparado un 15% en los últimos cinco cursos. Y el obligatorio se ha encarecido un 22% en el mismo periodo, llegando a los 50 millones el curso pasado.
Las subidas de precio no son lineales y las zonas rurales, como en el Bages, las sufren especialmente. “El aumento de costes está siendo brutal, y la aportación de la Generalitat no se ha incrementado al mismo ritmo, así que son los ayuntamientos los que lo están asumiendo”, se queja el presidente del consejo comarcal, Eloi Hernàndez. Y pone cifras: este año coste del servicio ha aumentado un 200%, lo que se traduce en 1,5 millones entre todos los municipios de la comarca. “Los ayuntamientos no podemos asumir este sobrecoste y las familias tampoco deben pagar este peaje por el hecho de vivir en zonas rurales”, añade Hernàndez.
El encarecimiento tiene otra consecuencia directa: licitaciones desiertas porque a las empresas se les salen las cuentas. En el Bages, de las 45 licitaciones realizadas este año, en más de 30 no se ha presentado nadie. En Osona, de 11 lotes solo se han adjudicado tres. Desde la patronal catalana de autobuses y autocares, Fecav, apuntan que el coste del servicio se ha disparado hasta un 30% desde la Guerra de Ucrania y los números no cuadran. “Las licitaciones que se hicieron entonces no actualizaron precios, así que los contratos fueron deficitarios, y las actuales tampoco están al nivel real de costes, así que cada vez hay menos empresas que se presenten”, abundan.
Cambio de normativa
Desde el ámbito municipal reclaman una reforma del decreto que regula el transporte escolar, de 1996, para que el transporte no obligatorio de ámbitos rurales donde la distancia entre domicilio y escuela sea grande pase a ser obligatorio y, por ende, gratuito para las familias y financiado exclusivamente por la Generalitat. “Para los alumnos de estos ámbitos el transporte es básico, sin él no pueden ir a la escuela”, reclama Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa y presidente del consejo del Bages. Desde la Federación de Municipios explican que se ha creado una comisión para definir los nuevos criterios del transporte de cara al próximo curso. El Departamento enfría las aspiraciones municipales y admite que “el actual contexto presupuestario lo hace difícil a corto o medio plazo” porque “supondría un incremento muy importante de recursos”.
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