Govern y Comuns pactan un cuerpo de 100 inspectores de vivienda que esté en marcha antes de 2026

Un total de 100 inspectores se incorporarán a la Agencia Catalana de Vivienda para asegurarse que se cumple el régimen sancionador de la ley catalana en ese ámbito, como el control de los precios en las llamadas zonas tensas. El refuerzo de personal surge de un pacto entre el Govern y el grupo parlamentario de Comunes y ha recibido la luz verde en la reunión semanal del Ejecutivo. Se trata de un gesto de los socialistas hacia uno de los socios de investidura de Salvador Illa, a las puertas de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat.

Durante todo el verano, los Comunes habían insistido en que si no había ese cuerpo de inspectores no habría apoyo a las cuentas de 2026. Sin esos verificadores, denunciaban desde la bancada liderada por Jéssica Albiach, el régimen sancionador aprobado a principio del año quedaba en papel mojado. En esa norma, entre otras cosas, se fijaban multas de hasta 900.000 euros para quienes no cumplan con la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta fórmula precisamente para esquivar el límite de precio).

“Serán 100 personas que tendrán todas las potestades para poder inspeccionar y poder sancionar. Por tanto, será un cuerpo que estará blindado jurídicamente de que todo lo que haga, lo hará con todas las garantías”, ha valorado esta mañana la diputada Susana Segovia, que junto al portavoz David Cid se han reunido en el Palau de la Generalitat con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

El desconocimiento de la ley ha sido uno de los escollos de una norma que, según la también portavoz del Govern, sí ha ayudado a enfriar el precio. Hasta ahora solo existía un canal de denuncia, donde han llegado 29 denuncias ha revelado Paneque. En el primer semestre, además, la Agencia de Consum tenía 241 expedientes sancionadores gestionados pero, por ley, ha de ser la Agencia de Vivienda la que decida.

La titular de Territorio ha asegurado que la incorporación será “progresiva” y espera completarla como máximo en enero del próximo años. La creación de las plazas, ha explicado, se hará a principios de octubre y si bien ha aceptado que será necesario abrir un proceso de oposiciones, confía en que también lleguen funcionarios adscritos a otros sitios que soliciten cambio de plaza. El cuerpo dependerá de la Agencia Catalana de Vivienda.

Segovia ha remarcado la importancia de que se trate de un cuerpo de funcionarios, pues solo bajo esa figura es posible tener la potestad para sancionar en la administración pública. Queda pendiente, sin embargo, poder dotar a la Agencia Catalana de Vivienda para que tenga capacidad sancionadora, algo que se hará mediante un decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo que llegará a la Cámara en octubre.

Tanto los Comunes como la propia Paneque han insistido que la medida no tiene un afán recaudatorio. Según Segovia, habrá inspectores en toda Cataluña, con más presencia en aquellos territorios con zonas de alquiler tensionado. La consejera ha dicho que su presencia será “proporcional”. La mitad se desplegarán en la veguería de Barcelona, 13 en Girona, 12 en el Camp de Tarragona, cinco en Lleida, Terres de l’Ebre, Penedès y Cataluña Central, cuatro en el Alt Pirineu y uno en la Vall d’Aran.

La creación de este cuerpo era parte de los acuerdos que permitieron a la Generalitat tener los suplementos de crédito, los únicos balones de oxígeno posibles en el marco de la prórroga presupuestaria. Cid ha asegurado que aún quedan pendientes otros compromisos y que no los dejarán pasar “Ya alertamos al Govern de que no empezaremos ninguna negociación de presupuestos del 2026 hasta que tengamos el compromiso y los hechos que, especialmente en materia de vivienda, los temas que quedan pendientes avanzan”, ha recordado.

En esta lista también figuran el impulso al parque de vivienda de protección oficial (VPO), la activación de una unidad antidesahucios, el registro de grandes tenedores de vivienda y la puesta en marcha de una campaña institucional sobre la ley de contención de rendas. Cid y Segovia han recordado que también está pendiente una reunión de seguimiento de los acuerdos si bien Paneque ha respondido la conversación es “permanente”. La consejera ha anunciado que en octubre espera poder presentar la campaña y el registro.

Paneque ha aceptado que el acuerdo para crear el cuerpo de inspectores llega con cierto retraso respecto a lo pactado inicialmente con los Comunes. Inicialmente, el plan pasaba porque eso se hiciera antes del verano, pero la consejera ha explicado que hubo cierto debate sobre la figura. Todo se solventó con el encargo de un informe jurídico, algo que dilató el proceso.