Los barrios pobres y las otras ‘Casa Orsola’ piden que se blinden también a sus inquilinos

La compra de la Casa Orsola de Barcelona por parte del Ayuntamiento y la fundación Habitat 3 anunciada este viernes cayó como una noticia agridulce. Por un lado, los colectivos de vivienda de la ciudad celebraron que los vecinos amenazados de expulsión se podrán quedar; pero, por otro, los barrios más pobres y con desahucios frecuentes, y los otros edificios que han sido comprados y donde también hay inquilinos, se preguntaron por sus casos y pidieron que se les blinde también. “Con los nueve millones de euros que se van a gastar en ese edificio solucionarían todo el problema de vivienda que hay en los barrios de la Zona Nord y parte del distrito de Nou Barris”, reaccionó el presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, Fili Bravo, castigado por desahucios prácticamente cada semana, muchos de ellos ejecutados en medio de grandes despliegues policiales. Ciutat Meridiana, a la cola en renta familiar, está en la periferia de la periferia norte de la ciudad y Bravo suele preguntarse “dónde está la prensa” cuando intentando parar desahucios hay apenas 30 o 40 personas. El viernes, se alegraba por los inquilinos de la Casa Orsola, pero lamentaba el “abandono” de su barrio, donde todo ocurre cuesta arriba, literalmente, porque los bloques trepan por la montaña.

En el centro de Barcelona, en pleno el Eixample, en el número 243 de la calle de Mallorca los vecinos amenazados tras ser comprados por una empresa inversora también celebraron “la victoria de la lucha colectiva de Casa Orsola, histórica por la fuerza popular reunida en torno al Sindicato de Inquilinas”. Pero, en un comunicado, esta comunidad pedía a los políticos “que decidan entre proteger a los especuladores o proteger a los vecinos”: “Si el Ayuntamiento lo ha hecho con Casa Orsola, también lo puede hacer con Mallorca 242, los ocho bloques de Gràcia y todas las fincas afectadas por la especulación. Es una inversión en el futuro de la ciudad”. Y en la calle de Tarragona, donde la propiedad de un edificio de 120 pisos de alquiler tramitó licencias de piso turístico para todas las viviendas y no renuevan los contratos cuando terminan, Melanie Andrada aseguraba que Casa Orsola “da ánimos a seguir luchando y organizándose como bloque”, al tiempo que lamentaba: “Mientras el Ayuntamiento se lava la cara con los casos más mediáticos, sigue sin retirar las licencias turísticas, cuando podría hacerlo”.

Al ser preguntado por el futuro de los inquilino de las otras ‘Casa Orsola’, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni afirmó que “hay que ir estudiando cada caso”, pero advirtió de que “los recursos son limitados” y apostó por cambios legislativos estructurales que “cambien las reglas del juego” en el mercado inmobiliario. Se refería a la aplicación en Barcelona de la regulación del precio del alquiler, la suspensión de licencias de pisos turísticos prevista para 2028 para que vuelvan a ser residenciales, y la intención de regular el alquiler de temporada.

Desde la junta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs expresó un sentimiento parecido: “Nos alegramos de que los vecinos de Casa Orsola no se tengan que marchar tras una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas en la que las entidades de la ciudad nos hemos volcado. Pero la duda es que Orsola no es el único caso, cada vez hay más compras para acabar especulando e imaginamos que el Ayuntamiento no podrá comprar todas las que hay en Barcelona”. De ahí que Borràs señalara que “lo importante es cambiar las reglas del juego, para que estas operaciones no salgan a cuenta para las empresas”. Y situaba como ejemplo la petición al consistorio de que no flexibilice la norma que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social excluyendo las grandes a rehabilitaciones.

Por parte del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Marina Parés destacó que “nada de esto hubiera sucedido sin la movilización de un sindicato”, pero consideró que la receta es “un modelo peligroso”. “Las soluciones deben ser universalizables, que el Ayuntamiento compre todos los pisos y bloques donde hay problemas de vivienda no es realista. Si se empujan medidas deben hacer pagar el coste a los propietarios para resolver una crisis que han provocado haciendo de la vivienda un negocio”, dijo. Este Sindicato, que apoya a los vecinos del Bloc Papallona, muy cerca de Casa Orsola y también comprados por un fondo, admite que aceptarían una compra, pero que el modelo es “universalizar las soluciones y que paguen los propietarios”.