Paralizado el desahucio de la Casa Orsola en Barcelona tras la presión vecinal
Centenares de vecinos se han concentrado para protestar y el lanzamiento tiene nueva fecha: el próximo martes
Las protestas de los centenares de vecinos del Eixample de Barcelona han dado sus frutos: el primer desahucio previsto en la Casa Orsola se ha parado, aunque tiene nueva fecha, el próximo martes a primera hora de la mañana. Josep Torrent, un profesor que lleva 23 años pagando 700 euros de alquiler en la Casa Orsola, estaba previsto que fuera el primer desalojado del bloque. Sin embargo, la comitiva judicial ha informado que había demasiada gente concentrada, una “congregación sin precedentes”, y que el alzamiento se aplazaba. El Sindicat de Llogateres ha convocado a los vecinos la madrugada del martes para volver a paralizar el desahucio. Carme Arcarazo, portavoz del sindicato, ha calificado de “salvaje e inaceptable” anunciar un desahucio de madrugada y ha pedido explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consejera de Interior, Núria Parlon. “Es una vergüenza que quieran echar a Torrent de su casa con la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d’Esquadra”, ha denunciado. “Hoy hemos hecho historia. La Casa Orsola es y será indesahuciable”, ha concluido.
Torrent se negó a abandonar su piso cuando el fondo inversor Lioness Inversiones SL se hizo con esta finca modernista del Eixample. El objetivo de la nueva propiedad es reformar el inmueble ubicado entre las calles de Calàbria y Consell de Cent para destinarlo a alquileres de corta duración “Mi intención es quedarme en mi casa tranquilamente, de forma pacífica, pero firme, cuando venga la comitiva judicial”, aseguró Torrent. El anuncio del desalojo ha desatado una ola de indignación entre vecinos y sindicatos de vivienda. Torrent ha salido de la casa a las 10.30 de este viernes para negociar a pie de calle con la comitiva judicial. La Casa Orsola también ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes. La líder de BComú en el Consistorio, Janet Sanz, ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, que no haya asistido a la concentración. Sanz ha concluido que la no presencia de Collboni en la concentración de activistas se debe a que no le importa el futuro de los vecinos del inmueble. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha salido en defensa de Collboni y ha exigido a Sanz: “Menos lecciones y más coherencia”. Bonet ha puesto en valor las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a la crisis de la vivienda, con la voluntad de evitar “que haya más Casas Orsolas” (esta misma expresión la ha utilizado el propio Jaume Collboni en varias ocasiones durante el pleno barcelonés).
Este caso ha suscitado un ruidoso eco mediático que ha llegado hasta el Síndic de Greuges. El Ayuntamiento también ha expresado su apoyo a la iniciativa del síndic, David Bondia, quien ha instado al Consistorio a ser partícipe en la mediación para “encontrar un espacio de diálogo y llegar a un consenso”.
Todo cambió en este edificio a finales de 2021, cuando Lioness, una empresa que se dedica a la inversión y gestión patrimonial, lo compró y no ha renovado los contratos cuando han vencido. La nueva propiedad ha reformado cada piso que se ha vaciado y lo alquila con contratos de temporada, por hasta el triple de lo que pagaban los anteriores vecinos. Cuando le tocó a Josep Torrent, no le dieron ninguna opción de dialogar, cuenta. Contrato extinguido. Adiós. El alquiler medio en el distrito del Eixample (1.300 euros al mes, últimas cifras oficiales) cuesta más que la mitad de su sueldo. En los portales, los precios son más caros.
La Casa Orsola se ha erigido como un referente de la lucha vecinal contra la gentrificación en Barcelona y supone un punto de inflexión de cara a la huelga de alquileres auspiciada por el Sindicat de Llogateres. Aragonès ha animado a los asistentes a sumarse a la “Caja de Resistencia”, una iniciativa que empezó el pasado 9 de diciembre a raíz de las denuncias de promociones de vivienda de protección oficial de La Caixa por las “condiciones abusivas” que sufren. Un total de 29 familias se sumaron a la propuesta.
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