La Sindicatura de Comptes achaca el 39% de la deuda de Cataluña en 2022 a la infrafinanciación

La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador del sector público en Cataluña, ha elaborado un informe en el que evalúa la deuda pública de la Generalitat entre 2002 y 2022 (que ascendió a 84.517 millones de euros) y en el cual calcula que las carencias de los dos modelos de financiación autonómica vigentes en ese periodo se han traducido en 33.500 millones de euros adicionales de deuda, lo cual equivale al 39% del total. El texto no hace referencia al pacto político entre PSOE y ERC para condonar una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero su argumentación legitima esa vía que también defiende el Govern, la patronal y los sindicatos catalanes.

El texto plantea cuatro escenarios de cálculo del efecto en la deuda de la Generalitat que se derivan de las carencias de los modelos de financiación puestos en marcha en 2002 y 2009. El periodo estudiado por la Sindicatura, además, recoge el momento en que la Generalitat se acoge al FLA, puesto en marcha en 2012 por el entonces Gobierno que lideraba Mariano Rajoy después de que los mercados de capitales se cerraran a cal y canto para varias autonomías. El 31 de diciembre de 2022, el 72,04% de la deuda contraída por la Generalitat (71.305 millones de euros) correspondía al FLA.

En el primer escenario del cálculo elaborado por la Sindicatura, se mide el impacto relativo de la financiación ajustada por habitante, una unidad en la que se ponderan las diferentes las necesidades de acuerdo con criterios como población envejecida o en edad escolar. Esa estimación se hace poniendo como referencia la media de las comunidades autónomas que están dentro del régimen común ―en algunos ejercicios hubo sobrefinanciación― y da como resultado una insuficiencia de recursos de 6.273 millones de euros, que correspondería al 7,4% de la deuda total registrada en 2022.

El resultado de la compensación mediante el Fondo de Suficiencia Global de los efectos financieros de la modificación al alza de IVA y de los impuestos especiales sobre las CC AA establece el segundo escenario. Ahí se compara esa situación con una hipotética autonomía tributaria para moderar los efectos financieros de ese incremento impositivo. Para 2022, se calcula un impacto en la deuda de 22.810 millones de euros, el 26,99% del total.

El tercer planteamiento evalúa el impacto generado con que no se cumplieran los ingresos que se incluían en el modelo de financiación pactado en 2002. La comparación se realiza entre la infrafinanciación sufrida por la Generalitat entre 2002 y 2008 respecto a la que habría tenido si los recursos que le llegaban se equipararan a la media de financiación ajustada por habitante de las comunidades de régimen común. El resultado, que equivale al 38,6% del total del endeudamiento de 2022, asciende a 32.692 millones.

Finalmente, el último punto analizado en el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña repite el tercer planteamiento, pero teniendo en cuenta el modelo de financiación que entró en vigor en 2009. Los autores reconocen que, como resultado de la crisis económica que comenzó en 2008, la reforma proponía mejorar el Estado del Bienestar y eso implicó una subida en la insuficiencia de recursos a nivel global del sistema. El cálculo arroja 33.570 millones de euros, un 39,7%.

La Sindicatura propone que, para evitar que se continúe elevando la deuda, el nuevo modelo que se pacte revise, entre otras cosas, cómo asegurar el principio de ordinalidad o el cálculo real de las necesidades de Cataluña, que ve desfasadas porque los traspasos de servicios se hicieron antes y su valoración fue menor. “La nueva fórmula debería tener en cuenta los diferenciales de los costos entre las comunidades autónomas de régimen común”, dice el informe. También debería “ser capaz de responder a episodios, sean económicos o no, que cíclicamente afectan los ingresos del sistema público”, como por ejemplo el sobreesfuerzo de la pandemia.

Las recomendaciones se pueden explicar, por ejemplo, con la situación de Rodalies. En el modelo de 2009, recuerda el texto, la evaluación económica se hizo teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios transferidos a las comunidades autónomas en el momento del traspaso, algo ya completamente desfasado. Respecto a la ordinalidad, el informe asegura que Cataluña recibe unos recursos en términos normativos para competencias homogéneas a la de siete comunidades con menor capacidad tributaria.