El cordón sanitario alrededor de la alcaldesa ultra de Ripoll peligra por la negociación de los presupuestos

La alcaldesa de Ripoll, la ultra Sílvia Orriols, de Aliança Catalana (AC), es una de tantas ediles catalanas que ha comenzado este 2025 sin tener aprobados los presupuestos. Sin embargo, en este municipio gerundense, gran laboratorio de la extrema derecha independentista, el debate se está tensionando al máximo y peligra el cordón sanitario que todos los partidos habían acordado ejercer contra el partido xenófobo. AC cuenta con seis concejales de un total de 17 y para que las cuentas salgan adelante necesitan, al menos, la abstención o de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, que tienen cada uno tres escaños. La nueva dirección de ERC descartó anteayer cualquier posible pacto, pero en Junts guardan silencio sobre si avalarían una eventual aprobación de las cuentas en un pleno extraordinario la próxima semana.

La alcaldesa ha convocado para este viernes una reunión con los grupos municipales, de cara a intentar cerrar el acuerdo que desembarranque las cuentas. Sin embargo, las relaciones en el Consistorio son muy tensas, no solo por el choque a nivel político. La decisión de Junts, hace casi dos años, de allanar la llegada de Orriols a la alcaldía al rechazar un pacto con el resto de fuerzas del Consistorio, ha hecho aflorar acusaciones constantes contra el partido de Carles Puigdemont por sus supuestos coqueteos con la formación xenófoba.

Los partidos siempre han apelado al principio de autonomía municipal a la hora de alcanzar pactos. En ERC aseguran que el “menosprecio” de la alcaldesa es constante y que por ello, de entrada, no había muchos avances. “Lo único que he hecho es quitarle las subvenciones públicas a los partidos. No es menosprecio, se llama redirigir los recursos de los ripollenses a los ripollenses”, se defendió Orriols en un mensaje de X. Los republicanos siempre han querido marcar distancias claras con la formación ultra y, de hecho, a principios de 2024, ERC ya expulsó a tres concejales de Ribera d’Ondara (Lleida) por pactar con AC.

Hasta ahora, tanto ERC como Junts se habían avenido a asistir a ese nuevo encuentro con Orriols. Sin embargo, ante el revuelo generado, la dirección nacional de los republicanos ha querido frenar en seco cualquier posibilidad de acuerdo y en un comunicado, el pasado martes, dejó claro que la asistencia a esas reuniones no implicaba en ningún momento que hubiera una negociación abierta sobre la cuentas.

El anuncio de ERC contrasta con el silencio de la dirección de Junts per Catalunya. En una rueda de prensa de ayer, el jefe de filas del Parlament, Albert Batet, no se quiso referir al asunto pese a las preguntas de los periodistas. A la espera de la reunión de hoy, otras voces de la formación no han querido comentar el tema, escudándose en la autonomía municipal para los acuerdos.

La situación económica de Ripoll no es fácil y de hecho, en el pasado ejercicio, el Gobierno de Orriols se vio obligado a ralentizar algunos proyectos por falta de fondos. La alcaldesa pide a Junts y a ERC que le ayuden a aprobar las nuevas cuentas apelando a su condición de partidos que ostentaron la alcaldía en el pasado. Con ello espera arrancarles, al menos, una abstención.

Sin un veto claro por parte de la cúpula que lidera Carles Puigdemont, el grupo municipal de Junts queda como el eventual facilitador de las cuentas. La relación del partido independentista con AC es problemática, pues encuestas como las del Centro d’Estudis d’Opinió de la Generalitat muestran cierto trasvase de votantes. Para intentar poner un dique en su electorado, Junts ha subido el voltaje a su discurso sobre seguridad e inmigración para de alguna manera neutralizar las tesis ultras de Orriols. De hecho, Batet anunció ayer que impulsarán una ley catalana de inmigración, de cara a encajar el traspaso de competencias que en ese área que negocia con el Gobierno. En el plano de la seguridad, también avanzó que promoverán una propuesta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona para que las ocupaciones delincuenciales se puedan desalojar cautelarmente por la policía en 48 horas si lo ordena el juez.