Cataluña lidera el número de personas que se acogen a la ley de segunda oportunidad
13 de cada 10.000 catalanes recurrieron al mecanismo para perdonar sus deudas en 2023 en comparación con los 8 de cada 10.000 en el resto de España, según el Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB
Más de 10.600 personas físicas encontraron una solución a sus deudas en Cataluña el año 2023 con la ley de segunda oportunidad. La ley, vigente desde 2015 y reformada en 2022, permite perdonar las deudas a personas insolventes, que no se endeudaron de forma temeraria y que no tienen antecedentes penales económicos ni sanciones administrativas graves. Los catalanes concentran el 25% del total de los procedimientos de personas físicas, seguida por el 15% de Andalucía, el 14% de Madrid y el 12% de la Comunidad Valenciana.
En Cataluña, hubo 13 procedimientos de insolvencia personal por cada 10.000 habitantes en 2023, en comparación con la media española de 8 de cada 10.000 del mismo año. Los valores catalanes son similares a los de países donde este mecanismo lleva más tiempo, como Alemania (11), Inglaterra (17) y Francia (18). “Hemos llegado a niveles europeos en procedimientos de insolvencia personal”, sentencia el vicepresidente del Observatorio de la Insolvencia Personal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) Martí Batllori, y añade que han conseguido que el mecanismo “se incorpore a la cultura social, económica y jurídica del país”.
La Alianza por la Segunda Oportunidad es una iniciativa impulsada por 18 colegios profesionales y agentes sociales de Cataluña, que por su ámbito de actuación son conocedores de situaciones de sobreendeudamiento, con el objetivo de divulgar el mecanismo entre las personas insolventes que lo han perdido todo menos sus deudas. El Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB ha detectado que aproximadamente el 95% de los procedimientos se resuelven favorablemente para las personas físicas, pero no tienen forma de saber cuántas personas en situación de insolvencia no recurren a la Alianza.
Miguel Ángel Salazar, vocal del Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB, ha destacado que en España el 10% de los concursos de 2023 corresponden a personas jurídicas y el 90% restante a personas físicas. En Cataluña, este porcentaje se vio ligeramente modificado, donde el 20% fueron empresas y autónomos y un 80% fueron consumidores.
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