El Govern propondrá una amnistía para las personas vulnerables obligadas a devolver dinero por las prestaciones

Los miles de beneficiarios de prestaciones sociales en Cataluña que han recibido una carta de la Generalitat para devolver miles de euros en cobros indebidos podrán ver aliviada su angustia. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este miércoles en el Parlament que el Govern propondrá a los grupos políticos impulsar una amnistía a estas personas, siempre que se acredite que continúan en situación de vulnerabilidad y que no han actuado de mala fe. Desde mediados del año pasado, 12.503 personas han recibido una notificación de la administración para revisar sus expedientes (8.500 de ellas solo entre enero y agosto de este año, y otras 1.000 en estas semanas) después de analizarlos y ver que habían recibido más dinero de lo que deberían (una media de 7.757 euros). La consejera ha explicado que la Generalitat está obligada legalmente a reclamar estos montantes, y ha atribuido el desbarajuste a un pobre diseño de la prestación y de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Por ahora, se han confirmado 2.829 casos de cobros indebidos que deben devolverse, y menos de un 1% los han retornado. A estos no se les aplicará la amnistía.

El departamento prevé vehicular esta amnistía mediante la ley de acompañamiento de los Presupuestos, o antes mediante otra vía (por ejemplo, un decreto) si la negociación de Presupuestos se encalla. Todos los grupos políticos se han mostrado dispuestos a arreglar la situación, excepto Vox, que solo ha buscado señalar culpables. Hasta que se aplique la amnistía, los afectados seguirán recibiendo las cartas y se mantiene activo el procedimiento para que devuelvan el dinero. Cuando entre en vigor, solo se aplicará a los que no hayan pagado todavía, por lo que a los afectados solo les queda continuar recurriendo hasta que llegue la medida de gracia.

La consejera solicitó comparecer voluntariamente en el Parlament después de que se conociese el alcance de las solicitudes para devolver el dinero. Martínez ha explicado que esta es una situación “sobrevenida” con la que se encontró el mismo 12 de agosto, cuando hizo el traspaso de la cartera de su departamento de la mano del anterior consejero del ramo, Carles Campuzano. La consejera ha expresado que es “muy consciente de la angustia y el sufrimiento” de las familias, y que comparte “la sensación de injusticia de personas que se encuentran con cantidades que muy difícil pueden asumir”. Por este motivo el Govern plantea una amnistía, porque “hacer estas reclamaciones compromete el principal objetivo de la prestación, que es luchar contra la vulnerabilidad”. También, porque la mayoría de los afectados no podría pagar, y empezar las reclamaciones y un proceso que conllevaría embargos y denegación de prestaciones a familias muy vulnerables sería “una doble condena” y además conllevaría un gasto de recursos públicos que no tendría retorno. La consejera ha explicado que además de la amnistía, se llevará a cabo un plan de choque para mitigar el impacto de estas reclamaciones, y propondrá un cambio en la ley de la RGC para “blindarla”.

“Hemos estado buscando incansablemente soluciones desde entonces. Hemos hecho un diagnóstico, pero no hay culpables claros, sino que con muy buenas intenciones se han hecho cosas seguramente sin el rigor suficiente”, ha explicado Martínez.

El diagnóstico es demoledor: la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) entró en vigor en 2017, y ya desde el inicio hubo un alud de solicitudes que sobrepasó a los equipos de gestión (y el volumen ha continuado: en los últimos cuatro años ha habido 159.450 expedientes activos). La pandemia y el estado de alarma tensionó todavía más a los equipos, que dedicaron los pocos recursos que tenían a otorgar nuevas prestaciones ante el aumento de necesidades, y retrasaron todas las revisiones pendientes. A mediados de 2023, cuando ERC recuperó la cartera de Derechos Sociales, se empezó a analizar la situación y vieron que había “un volumen notable de expedientes sospechosos de tener cobros indebidos”. La mayoría eran por cambios en la situación de los usuarios que la administración todavía no había actualizado, y unos pocos eran por mala fe, cambios que los propios usuarios no comunicaron para no perder la prestación.

La consejera ha explicado que el principal problema es el diseño de la prestación y de su gestión. Es una ley que se hizo en base a declaraciones responsables de ingresos, al silencio administrativo positivo, con revisiones bianuales y con incompatibilidades con el trabajo y con otras prestaciones. “No se diseñó en base a los datos y a automatismos, y la gestión tiene que ser manual, caso por caso”, ha dicho. La falta de una infraestructura digital y una falta endémica de recursos humanos y técnicos se combina con una casuística enorme: por su condición, las personas vulnerables tienen cambios constantes en su vida (de padrón, de miembros en su unidad de convivencia, de trabajo, de otras prestaciones). “Para gestionar todos estos cambios manualmente de 100.000 personas, se necesitarían 2.000 trabajadores, y el equipo es de solo 100″, ha dicho, para añadir ilustrativamente cómo es la gestión de la prestación: “Hasta hace poco la gestión informática de la prestación se hacía con algo parecido a un bloc de notas para cada usuario”.

Cambios legislativos

“Si se han enviado estas cartas ha sido por obligado cumplimiento, porque si no incumpliríamos la legislación. También es duro para nosotros enviarlas”, ha dicho Martínez. La consejera ha detallado que el 51% de los cobros indebidos tiene que ver con el solapamiento de la RGC con el IMV —la prestación catalana es subsidiaria al IMV desde que este entró en vigor en 2020, pero hubo muchos casos en los que se cobraron las dos prestaciones íntegras, dando lugar a cobros indebidos—. Esto es significativo en un contexto en el que el Govern tiene que gestionar a partir de ahora ambas ayudas, después de que ERC y PSOE acordaran el traspaso de la ayuda estatal durante la investidura de Pedro Sánchez. Por otra parte, el 29% de los cobros indebidos tiene que ver con las personas que empezaron a trabajar y su estatus no se actualizó, el 15% tiene que ver con el solapamiento con prestaciones no contributivas, el 5% tiene que ver con el solapamiento con las ayudas al alquiler, y el 1% es por cambios en la unidad de convivencia.

Además de la amnistía, Martínez ha explicado que el Govern iniciará un plan de choque “para minimizar los pagos indebidos a futuro”, haciendo cruces mensuales de datos para detectar cambios en los usuarios lo antes posible. Y también con la modificación de un artículo de la ley de la RGC para evitar que haya pagos de más cuando esta se combina con el IMV. “Todo esto mitigará la situación, pero no la solucionará, porque el problema del diseño continúa”, ha dicho. Este se solucionará con una reforma de la ley de la RGC que el Govern propondrá también a los grupos. “Es fundamental que se diseñe en base a los datos y a automatismos”, ha dicho, poniendo como modelo la gestión de las prestaciones no contributivas o la gestión de las prestaciones en el País Vasco.