La Generalitat pide a personas sin hogar que devuelvan ayudas concedidas tras un error de gestión

Entre las 9.500 familias vulnerables que han recibido o recibirán una notificación de la Generalitat para devolver parte las ayudas sociales hay varias personas sin hogar, según ha avanzado TV3. Lo denuncia la entidad Arrels, que recuerda que estas personas suelen tener muchas dificultades para comunicarse con la administración, y que tienen unos ingresos mínimos: devolver ahora los importes que recibieron es imposible, explica Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de Arrels. La entidad ha iniciado los procedimientos administrativos para llevar estos casos por la vía judicial, pero confía en que el nuevo Govern, que ha heredado este conflicto del anterior, encuentre una solución por la vía del diálogo antes de que lleguen a los tribunales. Esto es también lo que intenta el Govern, buscar soluciones para evitar los procesos judiciales, aunque la administración tiene la obligación legal, para no incurrir en prevaricación, de reclamar los pagos que se abonaron indebidamente. Antes de un mes, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, comparecerá en el Parlament para explicar la fórmula encontrada para que las familias “sufran lo mínimo”, señalan fuentes del departamento.

Hobeich explica que hay al menos dos personas que viven en la calle que han recibido esta notificación, y también una decena de personas sin hogar que viven en recursos de la entidad. “Muchas veces no es por pagos indebidos. Tenemos un caso de una persona que vive en la calle pero estaba empadronada en casa de sus padres. Al venderse esta, quedó sin padrón, y se empadronó con la formula sin domicilio fijo. Pero no notificó este cambio a la Generalitat, y la administración entiende que esto es un incumplimiento, corta la prestación y solicita la devolución de lo que se haya pagado de más”, explica Hobeich.

Se trata, pues, de casos de falta de comunicación con la administración, que en el caso de las personas sin hogar son más abundantes porque no tienen un lugar fijo donde recibir las notificaciones: “Se enteran cuando dejan de recibir la prestación”. La responsable del equipo jurídico de Arrels explica que no pueden desistir de la vía administrativa y judicial hasta que haya una solución, pero entiende que la Generalitat también está interesada en encontrar una solución antes de que llegue a los tribunales. “Se revisan casos de hasta hace tres años, y por eso es tanto dinero. Pero entiendo y quiero creer que la administración buscará una solución y cuando esta llegue, el procedimiento administrativo decaerá”, añade.

La Generalitat ha tenido que afrontar una crisis que hubiese querido evitar, y que además viene de mucho antes de que el Gobierno de Salvador Illa se constituyera. Entre enero y agosto, la administración empezó a revisar expedientes de hasta hace tres años y envió notificaciones a unas 8.500 familias —a las que hay que sumar otras 1.000 que están recibiendo las cartas estas semanas— solicitando que devolviesen la parte que no les corresponde de las ayudas sociales que perciben. Es decir, que se les ha estado abonando una prestación con un montante superior a lo que realmente les tocaba. El problema es que estas familias vulnerables, con muy bajos ingresos, no tienen la capacidad para devolver de golpe lo que se les ha pagado indebidamente en este tiempo (unos 7.500 euros de media). La Síndica de Greuges tiene un centenar de expedientes abiertos por este tema y ha abierto una actuación de oficio.

Esta semana, el secretario general de Derechos Sociales, Raül Moreno, admitió que se estaba solicitando la devolución de las ayudas, y pidió disculpas porque los usuarios del sistema estén ahora cargando con un error que es de la Generalitat. Pero recordó, por un lado, que esta situación viene de antes de que asumiese el cargo, y por otro, que la ley obliga a la administración a recuperar este dinero, aunque aseguró que el departamento trabaja en buscar fórmulas para arreglarlo. “Se está trabajando en encontrar los mecanismos legales para solucionarlo”, abundan fuentes del departamento, que señalan que cuando se integren efectivamente las prestaciones sociales de la Generalitat con el Ingreso Mínimo Vital —cuya gestión se ha traspasado a Cataluña fruto del acuerdo de ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez— en un mismo sistema digitalizado, muchos de los errores se podrán evitar.

El origen del error está en los problemas de gestión en la tramitación de las prestaciones, especialmente de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que es la que percibe la mayoría de las familias afectadas. La cuantía de esta ayuda varía en función de los miembros que conviven en una familia, y si hay un cambio —por el nacimiento o por la muerte de un familiar— se tiene que actualizar, así como los cambios en el padrón u otros aspectos. La falta de medios y personal para tramitarlo hace que se tarden meses (hasta seis) antes de actualizar los cambios, y que por lo tanto durante un tiempo se esté cobrando más de lo que debería. También hay casos en los que son los usuarios los que no comunican los cambios, por miedo a perder una parte de las ayudas. Y por último, existe un problema de coordinación entre departamentos de la Generalitat que otorgan prestaciones que a menudo son incompatibles entre sí. A la vez, la falta de recursos hace que se aprueben solicitudes por silencio administrativo, y que luego se tengan que revisar. Todos estos fallos de gestión vienen no solo de la legislatura anterior, sino de antes, y el Govern ha tratado de solucionarlos en los últimos meses.

No es la primera vez que la Generalitat se enfrenta a una serie de demandas por la gestión de las prestaciones sociales. Antes de la pandemia, decenas de personas —algunas de ellas también sin hogar— presentaron demandas porque veían que sus solicitudes para optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía eran denegadas irregularmente. La Generalitat tuvo entonces que revisar las solicitudes denegadas o que llevaban meses pendientes y devolver el dinero que debían a los afectados, pidiendo a cambio el archivo de las demandas.