El Gobierno catalán promete ampliar la renta garantizada sin concretar cómo

Las ayudas sociales apuntan al alza en los presupuestos catalanes, pero las entidades, escarmentadas de promesas incumplidas, lo ven con recelo. El proyecto de presupuestos de la Generalitat, presentado esta semana, incluye el compromiso de aumentar la dotación para la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en 11 millones, hasta los 400 millones, y la previsión de que esta prestación llegará, en 2022, a 200.671 beneficiarios. Son más de 30.000 personas más que las que reciben la ayuda actualmente, una cifra que podría aumentar si la Generalitat consigue la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación estatal que ahorraría muchos expedientes a la RGC. Así, y pese a que por ahora solo se ha aprobado el 36% de solicitudes, la promesa es que la prestación catalana llegue a más gente, pero el Govern no concreta cómo lo hará.

La promesa del Govern y sus previsiones no se han comunicado todavía a la comisión de gobierno de la RGC. Algunos de sus integrantes, entidades y sindicatos, dudan de que sea realista. “Ni tan siquiera se ha llegado al objetivo que teníamos. Tampoco han explicado qué acuerdo hay con el Estado para gestionar el IMV”, resume Saida Ehliluch, responsable de Ocupación y Protección Social de CC OO.

La RGC es subsidiaria del IMV, es decir que primero se otorga la prestación estatal (469 euros mensuales para un beneficiario individual, cuantía que aumenta si hay más miembros en la familia), y la autonómica la complementa hasta el tope que marca la ley de la RGC en Cataluña (664 euros para un solo beneficiario). Pero la implementación del IMV está siendo muy baja, y en Cataluña solo llega al 5% sobre el total de personas vulnerables. La Generalitat reclama la gestión para evitar duplicidades y agilizar trámites. Además, una correcta coordinación entre las dos prestaciones ahorraría dinero y expedientes a la RGC, que podría aprovechar estos recursos para ampliarse a más personas.

El Govern prevé que esta sea una de las maneras para ampliar la población que recibe la ayuda, pero para que más gente pueda acceder, tendrán que admitirse más solicitudes. El departamento de Derechos Sociales que dirige Violant Cervera (Junts) admite que aún no se ha concretado cómo se relajarán los requisitos de acceso a la prestación. La comisión de gobierno de la ley decidió en octubre crear un grupo de trabajo para evaluar los requisitos “vistas las dificultades que suponen para muchos ciudadanos para aceder”, señala el departamento. Tras esta evaluación, el Govern se abre a proponer una modificación de la ley en el Parlament.

Los requisitos de la RGC la hacen incompatible con algunas rentas del trabajo y con ayudas a la vivienda, ponen problemas a personas que no pueden demostrar dos años de residencia en Cataluña, como las personas sin hogar o las que tienen una situación administrativa irregular o las personas que han salido de la cárcel. También son muy rígidos con el cálculo de los ingresos. Un ejemplo: una mujer sobre la que consta que recibe una pensión tras una sentencia de divorcio puede ver rechazada su solicitud aunque el exmarido se niegue a abonarla, ya que consta como ingreso.

El grupo impulsor de la iniciativa legislativa popular que llevó al Parlament en 2017 a aprobar la ayuda por unanimidad desconfía del Govern. “Plantean un presupuesto de 400 millones, que es menos que la nómina anual que están pagando tras las ampliaciones de presupuesto. Pero además, la exconsejera Dolors Bassa calculó que se necesitarían 800 millones, y nosotros pensamos que entre 1.200 y 1.400 millones”, señala Diosdado Toledano, impulsor de la ley. “Lo que ocurre es que se rechazan muchas solicitudes, y para alguien en situación de pobreza, es muy angustiante tener que demandar, y muchos ya desisten de pedirla”, señala. Además, el plazo de resolución es de entre dos y tres meses. El activista cree que el Govern, a la práctica, ha intentado recortar el gasto de esta prestación incumpliendo el derecho subjetivo que marca la ley. “Es un juego muy cínico, y más cuando en los presupuestos se incluye un plan piloto para una renta básica universal, cuando no han podido solucionar la RGC”, destaca.

Implementación costosa

La duda de las entidades también se explica por la experiencia de los últimos años. La ley venía a sustituir y ampliar la antigua renta mínima de inserción, y fijaba un elemento crucial: la nueva prestación es un derecho subjetivo, y por lo tanto cualquiera que cumpla con los requisitos tiene que recibirla, por ley, aunque se tenga que ampliar el presupuesto. Además, centraba como destinatarios objetivos aquellas personas que están en situación de pobreza severa y permitía vincular la prestación a programas de inserción y ocupación.

La euforia inicial de las entidades sociales dejó paso al escepticismo. Su implementación fue muy costosa, y en el primer año solo el 10% de las solicitudes se aprobaron. El alto número de denegaciones cosechó críticas y hasta demandas en los tribunales de personas en situación de vulnerabilidad que cumplían los requisitos y eran rechazados. Algunos ganaron en juicio, pero a muchos otros el Govern les reconoció la ayuda y la pagó antes de que hubiera sentencia.

Tras alguna modificación de los requisitos por vía parlamentaria y tras la aprobación del reglamento en abril de 2020, el porcentaje de admitidos ha subido hasta el 36% (de las solicitudes hechas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021). Las entidades critican que sigue siendo un porcentaje bajo, y el departamento lo admite, aunque lo achaca a que la información no llega a los potenciales beneficiarios por las dificultades de acceso a Internet. “Nos mueve a estudiar el estado de esta ley y valorar su posible modificación”, señalan. Es aún más bajo si se compara con el grueso de los destinatarios objetivos. La Taula del Tercer Sector recuerda que, según los datos del Idescat, hay en Cataluña más de 850.000 personas en situación de pobreza severa, pero la RGC solo llega a 169.473 beneficiarios (con los últimos datos publicados, de finales de septiembre). Es decir, que la cobertura de la prestación sobre la pobreza severa en Cataluña es de apenas el 20%.

El baremo para ayudas sociales sigue congelado 11 años después

Un año más, y ya van 11, el proyecto de presupuestos de la Generalitat no contempla actualizar el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Este baremo es la cuantía que la administración autonómica fija anualmente como tope para permitir el acceso de los ciudadanos a distintas ayudas sociales. Es lo que establece el perímetro de personas a las que se dirige una prestación. Está congelada desde 2010. Desde entonces, se terminó una crisis, vino otra con la pandemia y la pobreza se ha cronificado en Cataluña.

El IRSC está fijado en 569 euros al mes en 14 mensualidades, o 664 en 12 mensualidades. Con él se calcula el tope de ingresos que una familia puede tener para que se le conceda la renta garantizada de ciudadanía, y también es el baremo para calcular la prestación: una familia de un miembro recibirá el 100% del IRSC, porcentaje que irá aumentando si hay más miembros. Por lo tanto, la congelación del baremo no solo limita la gente que puede pedir la ayuda, sino que impide que esta sea mayor.

El indicador se creó en 2006 para que la Generalitat tuviese un cálculo propio y más generoso que el baremo español (IPREM). La ley marcaba que tenía que actualizarse anualmente en los presupuestos, pero no se ha actualizado ni de acuerdo con el IPC. En febrero de 2020, el Parlament aprobó una moción en la que se pedía actualizar el baremo con el IPC acumulado (para lo que tendría que aumentar un 17% aproximadamente). Los presupuestos no lo recogieron, aunque señalaron que el baremo crecería al menos lo mismo que el IPREM. Este aumentó un 5% el año pasado, pero el IRSC no se tocó. Tampoco ahora se descongelará.