La oposición tumba el decreto para armonizar la renta garantizada con el ingreso mínimo vital

Los grupos de la oposición se han unido este viernes en la diputación permanente del Parlament para votar en contra del decreto ley aprobado por el Govern que armoniza las dos prestaciones más importantes a las que puede tener acceso un ciudadano: la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde la aprobación de este último por parte del Gobierno el pasado mes de mayo, el Govern ha avisado que el hecho de no tener competencias sobre su gestión dificultará la tramitación y creará duplicidades con la RGC que perjudicarán a los beneficiarios. Como primer paso para solucionarlo, el Govern aprobó este decreto que adapta las dos prestaciones. La oposición no ha visto suficiente el decreto y no lo ha convalidado.

El decreto ha sido apoyado por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (cuyo consejero Chakir El Homrani dirige el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, responsable de las prestaciones sociales), pero no ha contado con los votos suficientes para convalidarlo debido a la oposición de los demás grupos (Ciudadanos, PSC, comunes, CUP y PP).

El decreto fue aprobado por el Govern en julio, y El Homrani ha defendido este viernes que la iniciativa pretendía “adaptar” la ley de la RGC al Ingreso Mínimo Vital, cuya creación ha dado lugar a potenciales problemas. Una de las características del IMV es que es compatible con prestaciones autonómicas. En el caso de Cataluña se podrán solicitar y percibir al mismo tiempo el IMV y la RGC, una ayuda aprobada en septiembre de 2017 por el Govern. El ingreso máximo a cobrar si se combinan estas dos prestaciones será el de la RGC, que tiene unas cuantías más altas. Es decir, si una persona ha solicitado las dos ayudas y han sido aprobadas, el Estado abonará la cantidad correspondiente al IMV (la cuantía mínima es de 462 euros), y la Generalitat lo complementará hasta llegar al tope máximo que fija la RGC en cada caso. Este tope se calcula según el Indicador de Renta de Suficiencia, y fija desde 644 euros por una unidad familiar de una sola persona, hasta 1.181 para una unidad familiar con cinco o más personas a cargo.

Entre otros problemas, la Generalitat pronostica que a partir de septiembre, si no se unifica la gestión en la ventanilla autonómica, una persona podrá haber visto aprobadas las dos ayudas y podrá haber percibido ambas prestaciones, con lo que deberá devolver la parte que supera el tope a la Generalitat.

Los grupos de la oposición han criticado que el decreto presentado prevé suspender la tramitación de la RGC para las personas que también soliciten la otra prestación, hasta que esta esté aprobada por parte del Estado. El Parlament ha pedido al consejero que reformule el decreto y lo vuelva a presentar en septiembre.

Ciudadanos ha denunciado que el decreto “paraliza” los plazos de resolución en vistas a un IMV que, según el partido naranja, puede entrar en una “situación de colapso” en los próximos meses. El PSC ha criticado que el decreto “dificulta el acceso a ambas prestaciones”, aunque se ha mostrado abierto a colaborar para la redacción de un nuevo decreto. Por su parte, los comunes han afirmado que la Generalitat “regatea” con los recursos de la RGC, y la CUP ha criticado que el decreto genera “inseguridad jurídica” al abrir la puerta a que durante meses no se cobre ninguna de las dos prestaciones.