El Govern amplía en 400 plazas la última promoción de los Mossos d’Esquadra

El Govern de Salvador Illa tiene fijadas entre sus máximas prioridades la seguridad y este martes ha vuelto a dar pasos en esa dirección. El Consell Executiu ha aprobado ampliar la actual promoción de los Mossos d’Esquadra de 900 a 1.300 agentes para cumplir con las actuales necesidades en materia de seguridad ciudadana y paliar el déficit que arrastra la plantilla. El departamento de Interior se ha fijado revisar el techo de 22.000 agentes que la Junta de Seguridad de Cataluña fijó en 2021. De entrada, el Govern quiere acelerar los plazos para alcanzar esa cifra.

Al término del Consell Executiu, Sílvia Paneque, consejera portavoz del Govern, ha recalcado que el gabinete tiene un compromiso de “tolerancia cero” con la delincuencia y que el aumento de plazas para nuevos agentes se inscribe en esa estrategia. La consejera ha apuntado que los 400 nuevos mossos suponen un incremento del 45% respecto a las cifras iniciales y que el objetivo es revertir el déficit estructural de presencia policial en la calle. “Tenemos un compromiso con la seguridad y servicio de calidad”, ha subrayado.

El acuerdo establece que el techo de la nueva plantilla deberá de responder a tres ejes básicos: corregir los déficits de ser una policía que ha apostado por el desarrollo del modelo de proximidad y de atención a las víctimas; adaptarla a las nuevas necesidades sociales tales como el terrorismo, el cibercrimen y las violencias contra las mujeres y las minorías y, por último, cumplir con la responsabilidad y el compromiso de ofrecer un servicio de la mejor calidad. “La proximidad requiere plantillas con dimensión suficiente”, afirma el texto aprobado por el Govern.

Paneque ha puntualizado que el Ejecutivo se plantea acelerar el cumplimiento de los plazos hasta 2030 para dar cobertura también a las jubilaciones. La seguridad ha sido desde el principio una de las primeras prioridades de Illa hasta el punto que el único nombramiento que anunció en la campaña electoral fue el de Núria Parlón como consejera de Interior y la rehabilitación del mayor Josep Lluís Trapero. La semana pasada, Illa se reunió con el ministro de la Presidencia y de Justicia Félix Bolaños para buscar una solución al problema de la multirreincidencia. El Gobierno central y la Generalitat avalan el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite calcular si el importe global sustraído por una sustracción al descuido supera los 400 euros, el límite monetario que transforma un delito leve de hurto (conlleva una multa) en un hurto básico (con penas de prisión).

Por otra parte, el Govern ha decidido este martes acelerar recursos hídricos con vistas a la primavera del próximo año para intentar sortear los peores escenarios de restricción. El plan se basa en abrir 80 nuevos pozos con una subvención de 20 millones de euros y reactivar unas obras de una potabilizadora de aguas subterráneas del Besòs de Aguas de Barcelona. “Tenemos que activar esos recursos”, ha apuntado la consejera recordando que las obras estructurales que permitirán a Cataluña no depender de la lluvia no estarán listas hasta 2027. El Ejecutivo aun no ha decidido si impulsar o descartar el proyecto de la nueva desaladora del Port de Barcelona que barajó el anterior Govern.