El fallo del tribunal europeo pincha la estrategia de Puigdemont en el extranjero

Cuando a primeros de julio Carles Puigdemont conoció la decisión del juez instructor del procés Pablo Llarena de no amnistiar el delito de malversación y, en consecuencia, mantener las órdenes de detención que pesan sobre él y sobre los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig ideó una réplica que logró tener tanta pegada como carga crítica: “La Toga Nostra”, escribió Puigdemont, que fue periodista antes que político.

La alusión mafiosa del mensaje trataba de denunciar las supuestas prácticas torticeras del Tribunal Supremo para persistir con la persecución del independentismo, en el marco de un relato que siempre ha confrontado a la justicia española con los tribunales europeos y que ha servido para justificar que Puigdemont se fue “al exilio” porque en el extranjero las togas sí son de fiar. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este jueves, donde se niega que Puigdemont y Comín pudieran ocupar su escaño de eurodiputados en 2019 porque la Junta Electoral española no los había acreditadoal no cumplir el requisito de acatar la Constitución en el Congreso, supone un revés para la tesis del expresidente catalán y para su abogado, Gonzalo Boye, que ha insistido reiteradamente en que tarde o temprano la justicia europea enmienda a las autoridades españolas.

Junts per Catalunya perdió medio millón de votos en las elecciones europeas del 9 de junio, pero logró amarrar un escaño que, supuestamente, estaba reservado para Toni Comín. El exconsejero de la Generalitat que se marchó a Bélgica en 2017 junto con Carles Puigdemont incluso celebró, la noche electoral, que el suyo era un “buen resultado” y presentó como un logro haberse quedado a “80.000 votos de un segundo escaño”. La resolución del TJUE trastoca los planes de Comín, porque le aleja de la credencial de eurodiputado y lo deja sin la remuneración de 10.075 euros mensuales que conlleva el cargo ya que tampoco acudió en 2023 al Congreso a acatar la Constitución. Es un golpe con rebote porque desampara a Comín, pone a Junts en el dilema de designar un sustituto o dejar el escaño vacío y, además, quiebra el argumentario que ha pregonado el partido durante los últimos años, según el cual las instancias europeas salen al paso de las arbitrariedades cometidas por las autoridades españolas.

Justo se han cumplido tres años de la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña, un arresto que se produjo para dar cumplimiento a una orden del Tribunal Supremo pero que se resolvió con la puesta en libertad del expresidente a las pocas horas. “Es una nueva victoria judicial. España nunca pierde una oportunidad de hacer el ridículo”, dijo en sus primeras declaraciones. Posteriormente, Gonzalo Boye usó aquel episodio para atacar a Llarena y a los magistrados del Supremo y afirmar que “no se pararán ante nada, a no ser que Europa se ponga firme”.

Puigdemont sigue pendiente de la aplicación de la ley de amnistía, un bloqueo que desafía el espíritu de la norma aprobada en el Congreso de los Diputados y que ha dado alas renovadas a la teoría de Junts y de su líder. Un hilo argumental que estira la creencia de los días más bulliciosos del procés, cuando el independentismo trató de hacer calar la sensación de que driblar la legalidad era un mero trámite y que fuera del territorio español no le faltaban complicidades. Entonces se alumbró el concepto “Europa ens mira” y se proclamó que, tan pronto como el Parlament declarara la independencia de Cataluña, se activaría una cascada de empatía internacional que implicaría reconocimientos en cadena del nuevo país.

El fallo del tribunal europeo cuestiona las afirmaciones de Junts a la hora de comparar la justicia española con las instancias europeas. Puigdemont y Comín emitieron este jueves un comunicado conjunto donde reconocieron su “sorpresa” y, también, “preocupación por el contenido de la sentencia del TJUE”, que consideran “abre la puerta” para que otros Estados de la UE “puedan imitar el ejemplo de España” e “inventar requisitos contrarios a los principios de la democracia”.

Puigdemont, que fue elegido diputado del Parlament de Catalunya, sigue instalado en Waterloo a la espera de que se resuelvan las incógnitas sobre la aplicación de la amnistía y de asumir, previsiblemente, un cargo en el organigrama de Junts, a partir del congreso político que el partido celebra a finales de octubre. El grupo parlamentario de Junts se traslada en pleno la semana que viene a Bélgica para mantener una reunión con Puigdemont el miércoles. Fuentes de su entorno señalan que el fallo del TJUE no altera sus planes a corto plazo.

Más peliaguda es la situación para Toni Comín, que ha tenido que afrontar recientemente acusaciones de uso indebido de los fondos del Consell de la República, la entidad independentista ideada por Puigdemont con la intención de ejercer una suerte de Generalitat paralela. Durante la campaña electoral por las europeas Comín había anunciado su intención de regresar a Cataluña “dentro del periodo que va del 10 de junio al 25 de agosto”, pero las trabas que ha encontrado Puigdemont para la amnistía también le han afectado a él.

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