Los sindicatos educativos frenan el plan de Illa de recuperar la sexta hora

Una de las propuestas estrella del PSC en el ámbito educativo para mejorar los malos resultados de los alumnos catalanes corre serios riesgos de tener poco recorrido y ya cuenta con la oposición de los sindicatos, antes incluso de ponerla sobre la mesa. Se trata de la recuperación de la sexta hora escolar en las escuelas públicas, una medida que los socialistas han defendido históricamente y que se encuentra entre las cuestiones pactadas con los comunes para investir presidente a Salvador Illa. Pero el sindicato Ustec, mayoritario en el sector, avisa: “No estamos de acuerdo y nos oponemos frontalmente, si es necesario con movilizaciones”, alerta su portavoz, Iolanda Segura.

La sexta hora es propia de la escuela concertada, y las familias pagan una cuota por ella. En la pública se empezó a aplicar en 2006, durante la etapa del tripartito, como una forma de equiparar el horario entre la pública y la concertada, ya que al final del curso los alumnos de la privada recibían 175 horas de clase más. Uno de los primeros recortes impulsados durante la etapa de Irene Rigau fue la eliminación de la sexta hora, una decisión pactada con los sindicatos (que así lo pedían) como contraprestación del aumento de una hora lectiva. Con todo, la sexta hora se mantuvo en unos 400 centros, que eran las escuelas rurales y los centros de máxima complejidad (con mayor concentración de alumnos vulnerables). Con la pandemia, el Gobierno de ERC permitió que las escuelas renunciaran a esta hora adicional, que actualmente se mantiene en cerca de 200.

Con el trasfondo de los malos resultados de los alumnos catalanes, algunos partidos, entre ellos el PSC, volvieron a recuperar esta reivindicación. Aunque ha sido una petición muy repetida desde las filas socialistas, el partido de Salvador Illa no la incluyó en su programa electoral. Pero sí consta en el pacto con los comunes para investirlo presidente, eso sí, con matices: recuperarla “progresivamente” y “con “concertación social”, es decir, con el acuerdo previo de los sindicatos. Y es que lo último que busca el nuevo gobierno es que tener que lidiar con las protestas de los docentes que estos últimos años han pasado factura a ERC. En una entrevista a TV3 el pasado lunes, Illa dejó claro que las reformas y cambios que planean en la administración pública deben hacerse con consenso. “Es un mal método hacer las cosas en contra de los trabajadores públicos […] Empezaremos a hacer las cosas en las que haya un acuerdo”, aseguró el nuevo president.

Pero la sexta hora no parece que vaya a ser una de ellas. Los sindicatos dejan clara su posición. Ustec considera que mientras estuvo vigente, “no aportó nada positivo ni mejoró los resultados y se vio que había dificultades para encontrar maestros de primaria para hacer la sexta hora, y se hubo de recurrir de profesores de secundaria”, asegura Segura. La portavoz del sindicato defiende también que “más horas no quiere decir mejor calidad”. “Lo que se necesita es más recursos. Tenemos que dar calidad al alumno durante las horas que está en el centro, y no cansarlo más con más horas lectivas”, añade. La sexta hora supondría ampliar plantilla y más gasto, según Ustec, que apuesta por destinar estos recursos a reducir ratios. Y que, si hay que equipara horarios, el sindicato defiende que se elimine la hora adicional de la concertada.

En esta propuesta también coincide el sindicato CC OO, que ve más prioritario equiparar los horarios de pública y concertada y no cierra la puerta a hablar de la medida, con condiciones. “La estudiaríamos si estuviéramos en el 6% de inversión del PIB, pero no creemos que sea prioritaria en esta legislatura. La última vez que se hizo costó 3.400 profesores y 170 millones. Creemos que este dinero se podría invertir en bajar la ratio en ESO y FP, que tendría el mismo coste, pero más impacto”, defiende Tere Esparabé, responsable de Educación del sindicato.

Los directores de primaria añaden otros inconvenientes: el desbarajuste de horarios. Ahora los profesores deben hacer 30 horas semanales de permanencia a los centros; con la sexta hora harían 35. “Ello supondría que los docentes harían horarios diferentes, unos entrarían más tarde o saldrían antes. Y esto sería implantar el modelo de la secundaria a la primaria”, critica un miembro de la junta de directores de primaria. No obstante, admite que no hay una posición unificada de las direcciones y que sería necesario abrir un proceso de reflexión para analizar los inconvenientes y las ventajas. Entre estas últimas, este director propone que la sexta hora se use para “reforzar los déficits de la escuela pública”, como las enseñanzas de música o plástica, la lectura o la escritura. También serviría, añade, para equiparar la pública y la concertada, teniendo en cuenta que muchas familias optan por la privada por su horario más amplio.

Las asociaciones de familias también mantienen una posición más contenida y aseguran que el primer paso es definir la sexta hora. “Tenemos que decidir para qué la queremos. Para aumentar la carga lectiva y hacer más matemáticas no creemos que sea positivo, pero a lo mejor se puede usar para otras cosas”, propone Lidón Gasull, directora de la Affac. En todo caso, la entidad pide homogeneizar ambas redes. “Si se mantiene también hay que implantarla en la pública, pero si se decide que no es necesaria habría que eliminarla de la concertada también”, remata.

Promesas ambiciosas

Además de la sexta hora, socialistas y comunes pactaron una serie de iniciativas altamente ambiciosas, que difícilmente podrán hacerse realidad a corto plazo. Entre las más destacadas destacan “avanzar” en aumentar la inversión en educación para llegar al 6% del PIB (era del 4,2% en 2020, según los últimos datos del Idescat); iniciar el camino para que el comedor sea gratuito, empezando por los centros más vulnerables; planificar la recuperación del comedor en la etapa de secundaria; impulsar la gratuidad en las extraescolares, comenzando por las escuelas de alta complejidad; completar la gratuidad de todos los cursos de las guarderías durante esta legislatura; o fomentar la conversión de los centros concertados en públicos.

En cambio, el pacto firmado con ERC se basa en mantener algunas de las medidas estrella implantadas por los republicanos: la gratuidad de la etapa I2 con la intención de extenderla a todos los cursos de las guarderías, el vale escolar, el avance del calendario escolar y el compromiso de no financiar las escuelas religiosas que separan niños y niñas en el aula. Ambos partidos pactaron también la creación de una Departamento de Política Lingüística, que debe concentrar las iniciativas para aumentar el uso del catalán en todos los ámbitos, y especialmente en la escuela, uno de los caballos de batalla del anterior equipo republicano.

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