Un edificio del Palau de Pedralbes acogerá la oficina de ‘expresident’ de Pere Aragonès

Un pequeño edificio de una planta, anexo al Palau de Pedralbes de la capital catalana, albergará la oficina del expresident Pere Aragonès (ERC). El también coordinador nacional de los republicanos formalizó el pasado 13 de agosto la creación del despacho al que tiene derecho por ley y se espera que aterrice en el anexo a la antigua residencia real a mediados de septiembre, cuando se terminen los trabajos de adecuación. Desde su entorno defienden el sitio elegido: no implica un gasto adicional para el contribuyente (es un inmueble de la Generalitat) y por su localización no entorpece la actividad de la Administración catalana.

En virtud de la ley de los expresidentes de la Generalitat, los exjefes del Govern tienen derecho, entre otras cosas, a que se les sufrague con dinero público una oficina de manera vitalicia y que incluye un despacho, personal y los medios materiales necesarios para su funcionamiento. Disfrutan de esa prebenda actualmente José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Jordi Pujol no la tiene tras el escándalo de fraude fiscal por el legado familiar y en el caso de Pasqual Maragall, enfermo de Alzheimer, se le ha reconvertido en personal de ayuda para su cuidado médico.

Fuentes del entorno del expresident republicano explican que la premisa de Aragonès a la hora de elegir el sitio para su oficina fue que no implicara un gasto adicional para la Generalitat. Aragonès, de 41 años de edad, es el expresident más joven y tiene todos los números para ser el que tendrá la oficina en activo por más años. Por ello, se ha sumado a Mas, Torra y Puigdemont en explorar el catálogo de inmuebles disponibles dentro del patrimonio de la Generalitat y ha optado por ubicarse en un edificio público. Montilla es el único que sigue manteniendo su despacho es un inmueble privado y, según los últimos datos disponibles, de 2022, el canon pagado por las arcas del Ejecutivo catalán fue de 114.083 euros.

La que fuera la residencia de Alfonso XIII en Barcelona es, de entrada, un lugar más ostentoso que el Palau Robert —donde está la oficina de Mas— o la Casa Solterra de Girona —donde la tiene Torra. Pero es un inmueble casi en desuso. Es propiedad de la Generalitat desde febrero de 2022, cuando se terminó de formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona (firmado en 2004) que le cedía la titularidad. Tras consumarse la cesión, el Ejecutivo que lideraba Aragonès hizo explícita su voluntad de convertir en un “segundo Palau de la Generalitat” la residencia que las familias pudientes de la ciudad habían sufragado en los años veinte del siglo pasado para albergar a la familia real en sus viajes a Barcelona.

En todo el mandato de ERC al frente de la Generalitat, sin embargo, no se avanzó en un plan de usos para el edificio y ahora será una de las cosas que tendrá que abordar el nuevo Govern de Salvador Illa. En la que fuera una residencia de señoritas en la Segunda República y la residencia de Francisco Franco durante la dictadura, sí se han realizado en los últimos meses varias reuniones y recepciones, pues allí se derivó el grueso de actos que tradicionalmente se celebraban en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat y que hasta hace poco estaba en obras de restauración. Así, el primer uso real que llega a Pedralbes, además de albergar la sede de la Unión por el Mediterráneo, es la oficina de expresident de Aragonès.

Fuentes de la oficina del expresident remarcan que el edificio elegido no forma parte del Palau y que, de hecho, tiene una entrada propia, por una calle adyacente. En el pasado, el recinto se usó como sala de prensa cuando había grandes eventos en Pedralbes y actualmente cuenta con dos despachos medianos y un salón polivalente. Los trabajos de adecuación, añaden, pasan por dividirlo en dos y así poder tener tres despachos más una sala de reuniones. La Generalitat no ha revelado el coste total de las obras de mejora, pero califican los trabajos de menores. Al pequeño inmueble, de aires noucentista y que podría recordar una embajada, se accede por una pequeña escalinata y hasta alguna humedad se puede ver en la fachada.

Aragonès esperará hasta mediados de septiembre para explicar cuál será el enfoque de su oficina. En su entorno, de momento, insisten en que tendrá un papel muy institucional y que muy posiblemente se incline por poner a disposición del país su perfil más económico para ayudar cuando sea necesario en temas como la reindustrialización. Seguramente su elección para ubicarla reabrirá un debate que el adelanto electoral había dejado en la cuneta: la modificación de la ley de expresidentes para hacerla más racional ante el hecho de que nadie espera más largos mandatos. Hasta 2023 y en los últimos 20 años, la aplicación de la normativa actual y sus prebendas implicó un gasto de 53 millones de euros.

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