Junts se queda solo en su intento de frenar la reforma de la ley de expresidentes del Govern y el Parlament

La bancada de Junts per Catalunya se ha quedado sola en el Parlament, este jueves, en su intento de bloquear la reforma de la ley de expresidentes del Govern y de la Generalitat. La Cámara ha sometido a votación tres proposiciones de ley relacionadas con el tema, presentadas por el PSC, Ciudadanos y En Comú Podem y que tocaban específicamente el sistema de pensiones y retribuciones económicas. El partido que lidera Laura Borràs había presentado enmienda a la totalidad a todas pero solo se ha salido con la suya en los dos primeros casos. La abstención de los republicanos ha permitido que prospere la tramitación del texto de los comunes. El diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, ha criticado que el cambio legal solo está pensado para atacar a Borràs, ya expresidenta del Parlament.

“Estamos en contra de esta ley, no por interés partidista. Las dos personas que se podían ver afectadas ya han renunciado [en referencia a Borràs y el expresidente Carles Puigdemont, que no ha hecho uso de la retribución a a que tiene derecho posterior al cargo] sino porque las leyes se han de hacer con vocación de Generalitat”, ha asegurado Cuevillas. “Es indigno ver a un expresidente de la Generalitat o el Parlament o a su viuda, teniendo que mendigar o pedir, como ha dicho algún diputado, una pensión no contributiva”, ha añadido.

La propuesta de los comunes establece que, de manera automática en el caso de sentencias por algunos delitos específicos, se pierdan algunos de los beneficios para los expresidentes. Pero el portavoz de David Cid ha ido más allá en la discusión. “¿Es razonable que una persona que ha estado solo dos años presidiendo la Generalitat, independientemente de la orientación política, tenga para siempre una oficina? Puede ser que podamos establecer límites”, ha razonado.

Según lo establecido en dos leyes de 1988 y 2003, los presidentes de la Generalitat y del Parlament, una vez se deja el cargo, se tiene derecho a una asignación mensual equivalente al 80% del sueldo que se fije cada año para su sucesor. Este dinero se recibirá por “un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura”. A eso se suma una pensión vitalicia una vez alcanzan los 65 años —del 60%— y que traspasa a las parejas o descendientes menores de edad. En el caso de los exjefes de Govern, la ley también fija la creación de una oficina, con sueldos para asistentes y gastos. Ambos endamiajes de prebendas, en los últimos 20 años, ha implicado un gasto de 53 millones de euros.

ERC y la CUP si han acompañado a Junts en cierta crítica a que la propuesta para reformar la ley llegara justamente en pleno debate sobre si Borràs tenía derecho a cobrar la pensión de expresidenta del legislativo en caso de que fuera condenada por delitos relacionados con la corrupción. De hecho, precisamente ha sido ese punto el que ha hecho naufragar el texto presentado por los socialistas y que ha defendido el diputado Ferran Pedret. “Uno de los vectores de la desafección con la política es la percepción de una parte de la ciudadanía que hay unos privilegios inexplicables por parte de personas que han ejercido cargos representativos”, ha argumentado el socialista.

Jordi Orobitg (ERC) ha explicado que se abstiene en la propuesta de los comunes porque está de acuerdo con que se debata de manera serena el sistema de prebendas que ve “desfasado”. Pero también ha criticado lo que considera un doble discurso de Junts respecto a la honorabilidad y respeto institucional de la figura de la presidencia de la Generalitat. “Convendrá usted conmigo que no se dignifica la figura del presidente de la Generalitat diciéndole que está tutelado y desautorizado”, le ha espetado el republicano a Cuevillas, parafraseando así la acusación de Albert Batet al president Pere Aragonès en la sesión de control del miércoles.

La propuesta de los comunes seguirá ahora el trámite legislativo y los grupos podrán añadir modificaciones. Los de Jéssica Albiach abogan porque quitar esas prerrogativas no solo sea una potestad de la votación de la Cámara sino que sea automática en caso de condena firme por delitos de prevaricación [la de Borràs no es solo en primera instancia], falsificación documental, tráfico de influencias, malversación o financiación ilegal de partidos políticos. Eso si, siempre que haya “ánimo de lucro y/o en beneficio de terceros.”

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal