Los funcionarios piden cambios drásticos a Ramon Espadaler para pacificar las prisiones catalanas

La cartera de Justicia no tiene un gran peso político ni brinda oportunidades para lucir una gestión brillante. A cambio, suele dar pocos quebraderos de cabeza a sus responsables si se cumple una sola premisa: que los centros penitenciarios estén en calma. Si los presos no dan demasiados problemas y los funcionarios están más o menos satisfechos, el consejero de turno puede pasar cuatro años en el cargo sin haber oteado polémicas o conflictos. El problema para Ramon Espadaler es que las cárceles catalanas distan mucho, ahora mismo, de ser un remanso de paz. El gran reto del nuevo titular del Departamento de Justicia será pacificar los centros, donde el aumento de las agresiones ha sembrado el descontento entre los trabajadores pese a los esfuerzos de su antecesora, Gemma Ubasart, de templar gaitas ofreciéndoles mejoras salariales. Los funcionarios exigen cambios profundos en los equipos y en la orientación de las políticas públicas del departamento.

El malestar en la plantilla viene de lejos, justificado por una estadística que apunta a un notable aumento de las agresiones verbales y físicas a funcionarios. Un episodio inédito en la democracia española desató una crisis de grandes proporciones el pasado 13 de marzo, poco antes de que el Govern de Pere Aragonès hiciera las maletas: el asesinato a puñaladas de una trabajadora, la cocinera Núria López, a manos de un preso en Mas d’Enric (Tarragona). El hombre cumplía condena por haber asesinado (también con arma blanca) a una prostituta. Tenía acceso a cuchillos porque trabajaba en la cocina y porque su nivel de riesgo había sido calificado de “bajo”.

Las protestas estallaron de inmediato y con tal virulencia que desbordaron inicialmente a la consejera Ubasart, más centrada en planteamientos teóricos sobre la reinserción y en atender actos sobre memoria histórica, la otra rama de su cartera (el nuevo Govern ha sustituido “Derechos y Memoria” por “Calidad Democrática”). Al margen de la dirección sindical, los trabajadores bloquearon durante varios días los accesos a los centros, que quedaron en situación crítica, con miles de internos confinados en sus celdas, sin poder recibir visitas, sin seguir rutinas y sin nada que hacer. El pulso, que amenazó con quebrar el delicado equilibrio de las cárceles, duró mes y medio, hasta que la Generalitat, con la campaña electoral en Cataluña recién iniciada, cerró un pacto con los sindicatos que supuso mejoras salariales y de seguridad.

La crisis, sin embargo, se había cerrado en falso. Los trabajadores, que exigieron la dimisión de Ubasart y su equipo, responsabilizan a la Administración de la muerte de Núria. Creen que el modelo penitenciario catalán —basado en la reinserción— se ha llevado demasiado lejos y ha descuidado la seguridad. Y lamentan que, aunque se han implementado medidas, las agresiones se siguen sucediendo, por lo que solo un giro en las políticas públicas puede revertir la situación, coinciden. Por eso, aunque prudentes, muchos de ellos no ven con malos ojos la llegada de Espadaler, que había sido consejero de Interior en los gobiernos de CiU. Quieren, en todo caso, un cambio de rumbo y que se renueve por completo el equipo que se encarga de gestionar las prisiones.

“Queremos que, a diferencia de su antecesora, nos escuche. Y que las cárceles vuelvan a ser un entorno seguro”, explica Alberto Gómez, de CSIF, segunda fuerza representativa en Cataluña. Gómez pide que se permita emplear medidas más contundentes para frenar la violencia (como el uso de aerosoles) y que se impulse una reforma legal para que se les reconozca como agentes de la autoridad, de manera que las agresiones lleven aparejadas castigos de más entidad y eso disuada a otros internos. Coincide en el análisis Carlos Ardanaz, de Comisiones Obreras: “Ese reconocimiento es indispensable para mantener el orden y la disciplina dentro de los centros penitenciarios”.

“Las agresiones son recurrentes, es un problema muy grave”, señala Ardanaz, que pide “cambios urgentes” en los equipos porque la situación es “crítica”. Esa sensación de urgencia la trasladan otros sindicatos y trabajadores consultados, como Carlota Duchamp, de Marea Blava, una plataforma que organizó a través de Telegram las movilizaciones tras la muerte de Núria y que es muy crítica con el acuerdo alcanzado con Justicia el pasado abril. “Hay que reconstruir un sistema penitenciario en ruinas, caótico y peligrosísimo” para los trabajadores. Duchamp lamenta el “maniqueísmo ideológico” de Ubasart, pide “abordar la realidad, que es muy tozuda” y lamenta que “la seguridad de los internos y de los trabajadores ha pasado al último plano”. “Queremos volver vivos a casa”, insiste sobre el asesinato de la cocinera, que ha dejado una profunda huella, aún no curada, en la plantilla.

Espadaler tendrá que hacer equilibrios para mejorar la seguridad sin romper la línea de políticas públicas llevada a cabo en los últimos años. El modelo penitenciario catalán no está en juego (es uno de los pocos consensos parlamentarios), pero habrá que ver si se revierten algunas prácticas desarrolladas por Justicia en los últimos años. Por ejemplo, los protocolos para repeler agresiones, cada vez más restrictivos en cuanto al uso de la fuerza. Las organizaciones de derechos humanos tienen siempre un ojo encima ante cambios de cualquier tipo y el nuevo consejero deberá lidiar con los intereses de ambas partes. Y afrontar, al margen de la seguridad, problemas como el mal estado de algunas instalaciones y viejas reivindicaciones laborales como la jubilación anticipada. Si logra revertir el clima de crispación puede salir airoso y sortear, en todo caso, una crisis grave como la que afrontó Ubasart. La revuelta de los funcionarios tras el asesinato de Núria contribuyó a hundir la imagen de Esquerra como partido capaz de gestionar los asuntos públicos, virtud que es ahora el principal reclamo del Govern de Salvador Illa.

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