Objetivo PSC: no molestar a ERC en plena negociación de la investidura

El PSC ha decidido bajar el volumen de sus declaraciones públicas y evitar al máximo su presencia en los medios para no alterar las delicadas negociaciones que mantiene con ERC para una eventual investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El candidato del PSC ya dijo antes de la sesión fallida de que no iba a difundir las conversaciones, pero ha extremado tanto el silencio que no ha valorado todavía la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar a buena parte de los líderes del procés, entre ellos Oriol Junqueras y exconsejeros republicanos del Govern. El PSOE ha suplido ese silencio defendiendo la posición conocida de los socialistas sobre la amnistía y la de la financiación para Cataluña. El PSC aún no ha replicado tampoco al plazo que dio Marta Rovira, la secretaria general de ERC, de que el plazo para cerrar un preacuerdo expira el 31 de julio.

Illa ha reducido su presencia mediática, aunque tiene previsto participar en la clausura del congreso del PSC de Barcelona Nord (el sábado) y en la del de Barcelona (el domingo). No parece que vaya a cambiar de guion y todo apunta a que mantendrá un perfil bajo con ERC. Las negociaciones entre PSC y ERC arrancaron el día 18 y las dos partes mantienen contactos continuados y simultáneos en varios grupos. Las conversaciones han quedado sacudidas por la decisión del Supremo y la posibilidad del regreso del expresident Carles Puigdemont. Pero también por la situación de fragilidad de ERC, abierto ahora en canal: 900 militantes y cargos han pedido la renovación de la cúpula y acaba de dimitir su viceconsejero de Estrategia, Sergi Sabrià, hasta ahora hombre fuerte del partido, tras conocerse que de sus propias filas surgió una campaña difamatoria contra Ernest Maragall. El PSC, que en la campaña electoral habló del respeto y de la necesaria regeneración política, no ha valorado hasta ahora la dimisión de Sabrià.

El dilema sigue siendo el mismo: Illa insiste desde hace semanas que la situación se reduce a una mayoría de izquierdas con los votos de PSC (42), ERC (20) y comunes (6) para alcanzar el umbral de los 68 diputados de la mayoría absoluta o bien se repiten elecciones. “Un pacto de progreso del PSC, ERC y comunes es la única posibilidad”, dijo hace una semana en un acto en Mataró (Barcelona). Illa recordó que esa es la única mayoría viable porque Junts rechazó cualquier alianza y porque el PSC se niega a hablar con PP y Vox con quienes también sumaría 68 diputados. El PP recalcó este jueves que no ha cambiado de posición y que sus 15 diputados no servirían en ningún caso para investir a Illa como sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona.

“Discreción no quiere decir secretismo”, dijo Illa en Mataró. Dos días después, el PSC delegó en el PSOE la reacción sobre la amnistía alegando que la norma es “clarísima” cuando dice que es aplicable si no hay enriquecimiento personal. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está detallando la posición de los socialistas sobre financiación. Con la intención de ir con pies de plomo, el PSC quiere darle tiempo a ERC y no enturbiar la negociación. Los socialistas han pactado la reforma del reglamento del Parlament que propiciará el voto telemático de Puigdemont, de Lluís Puig y de Ruben Wagensberg y tampoco ha pedido la comparecencia del consejero de Interior Joan Ignasi Elena tras los graves episodios de seguridad de Sant Joan.

La diputada socialista Esther Niubó aseguró este viernes que quieren reforzar el desarrollo del Estatut y las herramientas del autogobierno para “hacer posible la mejora de la financiación dentro con las normativas que hay” alentando la vertebración de un tripartito. Esquerra admite que su posición negociadora es débil, pero su líder parlamentario, Josep Maria Jove, en ese mismo debate, ha avisado que no caerán en “chantajes” y “ultimátums” y que quien debe moverse es quien quiere ser president. Sus reivindicaciones son una financiación similar al concierto vasco, aunque con cuota de solidaridad, las condiciones de un referéndum, la protección del catalán y los servicios públicos. Illa rechaza de plano las dos primeras.

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