Antifraude insta a la UPF a abrir un proceso disciplinario contra Jaume Casals por el cobro de complementos salariales

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha concluido su investigación sobre las incompatibilidades del exrector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, que simultaneó su tarea como docente a tiempo completo y sus cargos en el campus con la de director del Instituto de Humanidades de Barcelona, una fundación privada vinculada a la Diputación de Barcelona. El ente fiscalizador resuelve que Casals cometió una “infracción disciplinaria” y asegura que “será necesario que la UPF inicie un procedimiento disciplinario”.

La universidad, por su parte, responde que “la resolución de la OAC no obliga a abrir ningún expediente”, pero que, sin embargo, en los próximos días abrirá un “procedimiento informativo reservado”, aseguran desde el campus por escrito y sin dar más detalle.

A raíz de una denuncia interpuesta en septiembre, la OAC inició una investigación sobre las posibles incompatibilidades de Casals, según avanzó este diario. El exrector asumió la dirección del Instituto de Humanidades en 1993 y percibía un sueldo de 15.000 euros (que se había reducido con los años). Pero la normativa no permite que un profesor a tiempo completo pueda recibir un segundo sueldo por otra actividad. “Ha quedado acreditado que [Casals] durante 21 años habría simultaneado su actividad pública con una actividad privada incompatible”, concluye el OAC en su resolución.

Con motivo de la publicación de la investigación de Antifraude, Casals anunció a este diario que optaba por dejar el cargo, aunque le quitaba trascendencia a lo que suponía en la práctica. “No he tenido nunca un horario ni un sueldo. He cobrado por participar en unos cursos o hacer de guía de la programación, pero no he trabajado en el instituto”, admitió, al mismo tiempo que consideraba no haber hecho nada incorrecto. “Es que no creo que sea incompatible. Todo se debe a la interpretación que hace Antifraude de la normativa”. Casals aseguró que dimitía del Instituto de Humanidades por recomendación de la UPF, tras conocer que la OAC lo investigaba.

El exrector, en permiso sabático, fue nombrado hace un año presidente del patronato de la Barcelona School of Management (BSM), un centro adscrito a la universidad; un cargo que siempre ha ostentado el rector, pero que se concedió a Casals después de un polémico cambio de estatutos. La UPF defiende que Casals puede asumir este puesto, a pesar de estar de sabático, porque “no es un cargo académico”.

Esta no es la primera reprimenda de Antifraude hacia la UPF por un asunto de cobro de sobresueldos. Con poco tiempo de diferencia, el ente publicó otra resolución contra los catedráticos de Economía de la UPF, José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà por la incompatibilidad de estar percibiendo un suelo como profesor a tiempo completo con cargos remunerados en consejos de administración de empresas privadas: 275.000 euros anuales Montalvo, por su posición en Abanca y Garcia-Milà, unos 287.000 euros anuales de Repsol. En estos casos, Antifraude concluyó que había “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves”. La universidad regularizó la situación de ambos catedráticos, pasándolos a profesores a tiempo parcial.

A raíz de estos casos, la UPF envió un correo a toda la plantilla recordando la normativa sobre compatibilidades y no descartó que hubiera más casos parecidos, aunque rechazó iniciar una investigación “por falta de recursos”. En este caso, Antifraude también instó a la universidad a abrir un “procedimiento sancionador” contra los dos catedráticos, pero aquí el campus también optó por iniciar en marzo lo que llama un “procedimiento informativo”. Preguntada sobre este proceso, la UPF asegura que todavía está abierto. En todo caso, afirma que se trata de un expediente “reservado”, de manera que no tiene pensado dar detalles de él, tampoco a Antifraude. “La UPF ya informó a la OAC de este procedimiento, pero, si esta no lo pide, no está obligada a informar del resultado del procedimiento, la instrucción y conclusión del cual corresponde exclusivamente a la universidad”, subraya el campus.

Investigando unos anónimos

Lo que sí ha hecho, es abrir una investigación sobre los diferentes anónimos -una docena- que circulan en la universidad denunciando estas irregularidades y otras supuestas malas prácticas, además de polémicas como la operación para hacer dimitir al anterior rector, Oriol Amat. Las pesquisas han ido a cargo de la Síndica de la UPF, Caterina Garcia, y del secretario general de la universidad, Enric Vallduví, y sus resultados se presentaron, de forma sucinta, en tres reuniones con algunos representantes del Claustro del profesorado, estudiantes y personal administrativo. El informe investiga 16 supuestas irregularidades que denuncian los anónimos, pero finalmente concluye que solo han quedado acreditadas dos, que son los dos casos sobre los que Antifraude se ha posicionado (las incompatibilidades y sobresueldos de Casals y de los dos catedráticos de Economía). Sobre el resto de situaciones, el informe defiende la forma de actuar de la UPF, incluso cuando se investiga la supuesta imparcialidad de la Síndicas, que paradójicamente firma el documento.

Varios presentes en estos encuentros critican que la UPF no diera detalles del informe y solo realizara una explicación general. “Es una tomadura de pelo, y es un sentimiento compartido, pero también hay una especie de omertá y nadie se atreve a alzar la voz”, apunta una asistente. “El informe es para cubrir el expediente, hablaron con una parte de los afectados, pero la gente no dice nada por miedo a represalias”, añade otro testigo.

La UPF se ha negado a facilitar a este diario dicho informe “porque no es un documento público”, asegura, a pesar de que el resto de resoluciones de la Síndica están publicadas en su web.

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