La Pompeu Fabra abrirá una investigación sobre el cobro irregular de sueldos de dos catedráticos

La Universidad Pompeu Fabra abrirá una investigación sobre el hecho de que dos catedráticos de Economía, José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà, hayan estado compaginando durante años sus sueldos como profesores a tiempo completo con retribuciones por su cargo en empresas privadas, una práctica prohibida, según el régimen de incompatibilidades del profesorado. La universidad ha asegurado que iniciará un “procedimiento informativo”, siguiendo así las indicaciones de la Oficina Antifraude de Catalunya, que resolvió que veía en esta práctica “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves”.

Antifraude empezó a investigar el caso a raíz de una denuncia interpuesta el pasado mes de noviembre, que alertaba de la irregularidad en los cobros simultáneos de dos catedráticos. En concreto, Montalvo y Garcia-Milà han estado percibiendo sueldos cercanos a los 300.000 euros anuales por ser miembros del consejo de administración de Abanca y Repsol, respectivamente. Antifraude dictó una resolución el 15 de febrero advirtiendo de una posible “infracción disciplinaria”, ya que los docentes universitarios a tiempo completo no pueden realizar “ninguna actividad pública o privada” retribuida e instó a la UPF a regularizar esta situación y a incoar un “procedimiento sancionador”, aunque este expediente puede acabar, o no, en sanción.

Por su parte, la Pompeu evita estas nomenclaturas y habla de “procedimiento informativo”, que no tiene carácter obligatorio y que, “en función del resultado, se puede decidir abrir un procedimiento disciplinario o no”. La universidad admite que conocía la situación de los dos catedráticos porque, en su momento, habían realizado “una consulta informal” ―sin concretar cuándo y con quién consultaron― sobre esta incompatibilidad, pero se les permitió porque suponía una baja dedicación, “de cuatro a seis horas al mes”. Con todo, la universidad admitía ahora que, si los catedráticos hubieran hecho una consulta formal, “se les habría avisado que no eran compatibles”.

La UPF deberá llevar ahora a cabo la investigación e informar a Antifraude de su resolución, para que la institución fiscalizadora pueda cerrar el caso. Más allá, la universidad descarta iniciar un estudio para averiguar si hay más casos entre su profesorado “por falta de recursos”.

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