La Audiencia de Barcelona ordena investigar la querella por torturas que un CDR presentó contra 11 guardias civiles

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado este martes investigar la querella por torturas que Jordi Ros, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional, presentó contra los 11 guardias civiles que lo detuvieron en septiembre de 2019 y custodiaron su traslado a Madrid. El tribunal considera que se trata de hechos “graves” que pueden suponer la vulneración de derechos fundamentales y por tanto han de ser investigados. En el auto, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Ros y ordena al juzgado número 2 de Sabadell que admita a trámite su querella.

Jordi Ros mantiene en la denuncia que fue coaccionado y amenazado durante los registros practicados durante su detención, sin que se le permitiera designar a un abogado. También sostiene que en el traslado a Madrid, con paradas en dependencias de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid), fue increpado y obligado a mantener una postura forzada, y que no se le permitió dormir, al tiempo que recibía amenazas de que iban a detener a su novia o a miembros de su familia.

Además, el procesado, que tras su detención confesó haber experimentado con explosivos pero luego se retractó aduciendo presiones de la Guardia Civil, denuncia que los agentes obligaron a su hermano a permanecer sentado en el rellano de su casa durante 10 horas, sin poder hablar con nadie, pese a que sufre una patología mental. El juez de Sabadell que recibió la querella ordenó en agosto de 2020 una serie de diligencias, pero se declaró incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.

La Audiencia Provincial reprocha al juez la “pésima instrucción llevada a cabo hasta la fecha y las dilaciones” que acumula la causa, y le ordena admitir íntegramente la querella interpuesta por Ros, para que investigue los hechos “con la máxima eficiencia y de forma completa”. Para el tribunal, esos hechos “tienen apariencia delictiva”, sin que el “contexto de crispación” del momento en que se practicaron las detenciones (semanas antes de que se dictara la sentencia del procés) permita descartar los delitos que se apuntan en la querella.

La sala sostiene que los hechos “pueden constituir delitos de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad”, por lo que deben ser investigados, “como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y nuestro Tribunal Constitucional”.

El colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària ha aseverado este martes que este caso pone de manifiesto que “la amnistía para algunos es diaria”, criticando la “lentitud y dejadez” de la justicia ante la querella presentada contra los guardias civiles. “No hay ni amnistías ni tablas de diálogo ni acuerdos de claridad que valgan. El sistema está podrido y, si no queremos pudrirnos con él, nos toca espabilar y escapar”, sostiene la plataforma en el comunicado.

El papel de Jordi Ros en los CDR

Jordi Ros se erigió en 2019 como una de las piezas clave del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los CDR que, según el juez instructor de la Operación Judas, Manuel García-Castellón, pretendía “lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas”. García-Castellón detectó dos células dentro de ERT: un “núcleo protector”, que adquiría presuntamente el material necesario para producir explosivos, y un “núcleo ejecutor”. A Ros se le atribuye la compra de sustancias químicas consideradas precursoras de explosivos y material para su tratamiento. También fueron encontrados en el registro policial de su domicilio apuntes donde se leía “esquema bomba”. En su casa había montado un laboratorio para hacer pruebas de explosivos, según la investigación.

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