La inestabilidad se cronifica en el sistema sanitario de Cataluña

La postpandemia se ha confirmado como la era de la inestabilidad en el sector sanitario en Cataluña. Un mes después de alcanzar en diciembre de 2022 una mejora para cerca de 70.000 trabajadores del sector concertado, los médicos convocaron tres días de huelga. Y dos semanas después de aprobar en noviembre de 2023 el tercer acuerdo para la mejora salarial de los profesionales del Institut Català de la Salut (ICS), el organismo que regula el sector público que agrupa a 50.000 trabajadores, las enfermeras iniciaron una huelga indefinida. Ahora, más de 700 médicos de familia han enviado al Departamento de Salud un manifiesto al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que reclaman limitar la carga laboral en las consultas y cumplir unos acuerdos alcanzados en 2018. “La sobrecarga no ha dejado de aumentar desde entonces”, plantea el texto.

¿Cómo es posible que la sanidad muestre síntomas permanentes de efervescencia tras destinar el Govern 780 millones de euros en aumentos salariales que contaron con el apoyo de los grandes sindicatos? “Es que poner más dinero para hacer lo mismo no soluciona muchas cosas”, responde Josep Vilaplana, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Cataluña. “Al cabo de unos meses, vuelve la misma frustración”.

No parece descabellado considerado que el impulso económico del Govern reabrió sin quererlo viejas heridas. Tras el paso adelante de todo el personal para hacer frente a la crisis sanitaria de la covid, la postpandemia afloró signos de distanciamiento entre los diferentes colectivos con los nuevos acuerdos. Buena parte de las enfermeras que fueron a la huelga en 2023 consideraban que los médicos se habían llevado un reparto mucho mejor, e incluso un centenar de directivos de Primaria amenazó con dimitir por la falta de reconocimiento hacia parte de los trabajadores. “Se generó cierta tensión entre los equipos, pero ya está resuelto. Al final nos debemos a la población”, analiza Esther Giménez, presidenta de la Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc).

Vilaplana admite que existe descontento por la sensación de agravio comparativo con otros países. “Ves cómo funcionan otros países, y los médicos sienten que están mal pagados”, introduce. Un especialista puede cobrar actualmente unos 60.000 euros, cifra que, según el facultativo, parece insuficiente en comparación con otros colectivos. “Una enfermera o un celador están mucho mejor pagados en la pública que en la privada. Con los médicos pasa lo contrario y esto incomoda al sector médico”, asegura.

Tampoco parece ayudar la inestabilidad política. En los últimos 10 años, España ha visto pasar a 11 ministros y el Departamento de Salud ha contado con cinco consejeros distintos: Boi Ruiz (Convergència), Toni Comín, Alba Vergés (ERC), Josep Maria Argimon (Junts) y Manel Balcells (ERC); con sus respectivos directores del Servicio Catalán de Salud y sus políticas sanitarias propias. “Los cambios de consejerías constantes afectan porque empiezan constantemente desde cero”, lamenta Giménez. “Se hacen acciones pero no pueden ser profundas. En dos años de Gobierno es imposible hacer nada a largo plazo”, remarca.

Vilaplana asegura que el diagnóstico de las necesidades en Cataluña está hecho “desde hace tiempo” por las entidades del sector. Y que ahora solo es necesario “ejecutar la transformación”. Hacerlo, sin embargo, parece complicado por los costes políticos derivados de tomar decisiones impopulares en un contexto de escasez de profesionales y de esperanza de vida creciente. “Si ahora gana el PSC, necesitaría el consenso del resto de partidos, y esto es muy difícil”, lamenta. Los partidos abogan en sus programas por reforzar la Atención Primaria y mitigar las listas de espera, pero muchos no concretan la forma de conseguirlo o se acogen a la mejora de la financiación autonómica para inyectar más recursos.

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos reclama escapar del sistema funcionarial “porque no es eficiente” y pide dotar a los equipos sanitarios de libertad y capacidad de gestión. “La administración tiene que asumir un papel de pagador y analizar con profundidad los resultados de los proveedores, porque cuando las autoridades se ponen a hacer funcionar las cosas, son bastante ineficientes”. Cuestionado sobre si esta vía abre la puerta a la privatización, responde: “El dinero tiene que salir del erario. Da igual si se destina a un centro público o privado. Al final, el hospital del Mar o el Clínic son concertados pero funcionan como públicos. Y son más eficientes”. Los sindicatos de estos centros, en todo caso, señalan las dificultades económicas que han tenido que pasar a lo largo de los últimos años.

La efervescencia sectorial y la compleja accesibilidad al sistema inquieta a la población. La sanidad es el tercer problema considerado como más importante en Cataluña, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinió (CEO), por detrás de la falta de agua y el paro.

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