Tres Nobel de la Paz rechazan la acusación de terrorismo contra el diputado Ruben Wagensberg
Personalidades y asociaciones avalan la trayectoria “pacifista” del parlamentario de ERC, investigado en la causa de Tsunami Democràtic, y alertan del uso de ese delito para “desacreditar a disidentes”
Cuando el diputado de Esquerra Republicana Ruben Wagensberg se marchó a Suiza lo hizo para sacudirse la presión por el caso Tsunami Democràtic pero, también, para buscar apoyos a su causa. Ahora, cuatro meses después, esos esfuerzos diplomáticos de Wagensberg —imputado por terrorismo en la causa contra la plataforma que lideró las protestas por la sentencia del procés— han dado sus frutos. Tres premios Nobel de la Paz (Jody Williams, Alfonso Pérez Esquivel y Najet Zammouri) han firmado, junto a otra veintena de personas y distintas asociaciones, un manifiesto en el que rechazan las acusaciones de terrorismo contra Tsunami Democràtic y, en particular, contra Wagensberg.
“Las personas y organizaciones firmantes reconocemos la trayectoria de Ruben Wagensberg en beneficio de la cultura de la paz y la defensa de los derechos humanos y rechazamos rotundamente la acusación de terrorismo” que pesa sobre él, recoge el texto. El diputado de ERC trabajó como voluntario en campos de refugiados y se implicó para ayudar a personas a escapar del terrorismo en países como Siria, Irak y Afganistán. En 2016, durante la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, impulsó la campaña Casa Nostra, Casa Vostra que culminó con una manifestación multitudinaria en Barcelona.
El manifiesto, Justice for Wagensberg, al que ha accedido EL PAÍS, señala que “la falsa acusación de terrorismo se está utilizando cada vez más en todo el mundo para desactivar y desacreditar a disidentes políticos y movimientos sociales pacifistas”. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación contra una docena de personas por impulsar las movilizaciones multitudinarias contra la sentencia del procés bajo el paraguas de Tsunami Democràtic. En el caso de Wagensberg y del expresidente Carles Puigdemont, el Tribunal Supremo ha asumido la causa.
El texto denuncia que Wagensberg y el resto de investigados estén inmersos en un proceso penal “bajo la brutal acusación de terrorismo”. Y añade que, “con demasiada frecuencia”, las personas que “han trabajado para hacer avanzar la sociedad y defender los derechos de todos” acaban sufriendo “duros procesos de represión”.
Entre los firmantes hay tres personas galardonadas con el premio Nobel de la Paz: la norteamericana Jody Williams, que lo ganó en 1997 por su trabajo para eliminar las minas antipersona; el argentino Alfonso Pérez Esquivel, que lo obtuvo en 1980 tras denunciar las atrocidades de la dictadura argentina; y la tunecina Najet Zammouri, miembro del Cuarteto de Diálogo Nacional Tunecino, premiado en 2015 por su contribución a la democracia en el país norteafricano.
El texto ha recibido el apoyo de personalidades como Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco y presidente de la Alianza de Civilizaciones), Feridoon Aryan (portavoz de Unicef en Afganistán) o Thomas Schmidinger, profesor de la Universidad de Viena experto en terrorismo. Pero también de personas anónimas, incluidas cinco víctimas del terrorismo de Estado Islámico en Siria, y de organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos.
Wagensberg concurre a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo como número 9 en las listas de Esquerra Republicana (ERC) por Barcelona. El diputado se trasladó a Ginebra (Suiza) la pasada Navidad, cuando todavía no había sido citado a declarar por terrorismo. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Tsunami, reactivó la causa y pidió localizar a los otros investigados, algunos de ellos siguieron el camino de Wagensberg. En las últimas semanas se han trasladado a Suiza, al menos, el periodista y activista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.
La situación es complicada para todos ellos, a pesar de que las autoridades suizas ya han cuestionado la instrucción de García-Castellón. La Oficina Federal de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de ese país, pidió suspender la comisión rogatoria que, en noviembre, envió el magistrado para que se le facilitase la localización de la número dos de Esquerra Republicana, Marta Rovira, investigada también por terrorismo en la causa de Tsunami e instalada en Ginebra desde 2018.
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